República Mx: El gobierno se blinda ante así mismo ante los ciudadanos
El Senado de la República aprobó el dictamen que reforma la Ley de Amparo y lo remitió a la cámara de diputados, marcando un debate crucial en el sistema de justicia en México.
El punto medular de la reforma, que ha generado un amplio debate, es la adición al Artículo 148 y la modificación al Artículo 129 . La reforma establece que, en ningún caso, las suspensiones dictadas en juicios de amparo que impugnen la inconstitucionalidad de normas generales podrán fijar efectos generales. Esto significa que si un juez suspende la aplicación de una ley, dicha suspensión solo beneficiará a la persona que interpuso el amparo y no a la sociedad en su conjunto, como sucedía anteriormente.
¡Mexicanos sin protección! Así afectará a la población la Ley de Amparo impulsada por el Gobierno
El Gobierno de Claudia Sheinbaum promovió una nueva Ley de Amparo que expertos en la materia señalan que atenta contra los Derechos Humanos de los mexicanos.
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Posturas a favor y en contra del cambio
Los promotores de la reforma, principalmente de la gran mayoría, Morena, argumentan que la restricción es necesaria para preservar la presunción de constitucionalidad de las leyes aprobadas por el Congreso y evitar que un juez limite la función de un Poder constituido, respetando la separación de poderes.
Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil, empresas y defensoras de derechos, advierten que la reforma pone en riesgo la justicia y la inversión. Señalan que al eliminar la suspensión general, se obliga a miles de ciudadanos a interponer amparos individuales, saturando el sistema y debilitando la defensa de derechos colectivos, como la justicia ambiental o los derechos ganados por mujeres.
El futuro inmediato
Además del debate sobre la suspensión, la reforma también incluye ajustes para digitalizar trámites , clarificar la figura del interés legítimo y agilizar el acceso a la justicia. No obstante, la atención se mantiene en las cláusulas que, según los opositores, podrían permitir el abuso de autoridad al dificultar el freno a leyes potencialmente inconstitucionales antes de que causen daños irreparables. El dictamen, aprobado en el Senado el 2 de octubre de 2025, pasó a la Cámara de Diputados para su discusión y posible aprobación final.
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