Tengo la impresión de que volvemos a recorrer la misma ruta que tiene algo de autoengaño y para el gobierno es ganar tiempo, lo cual no está del todo mal.
Debo decir, cuando presentan un cambio constitucional para que el Estado por oficio persiga el delito de extorsión, están ganando tiempo mientras reúnen las capacidades de, en este caso, disuasión de un delito que tiene proporciones absolutamente de maldición bíblica.
A ver, yo me pregunto si cuando le incendian un taxi a un conductor en Acapulco ¿la policía no persigue ese delito, la Fiscalía no lo hace porque no está tipificado? Porque no pueden.
Simple y llanamente es el caso. Igual que los que pagan derecho de piso en León, en Iztacalco o en cualquier parte de la geografía nacional.
Lo hacen, efectivamente, porque no hay una autoridad que llegue y les diga a los extorsionadores esto, aquí, usted no lo hace.
Es presencia, capacidades policíacas lo que requiere este país y, sobre todo, un Estado que no concentre tanto políticamente, sino que sea eficaz para imponer el orden, que es su primera obligación.
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