Entre las alertas por fraudes que llegan por llamadas y mensajes a adultos mayores de esta semana, el Congreso sumó una medida contra el acoso comercial. Según el Senado de la República, el Pleno aprobó el 7 de octubre de 2026 una reforma para sancionar las llamadas insistentes por tarjetas de crédito y otros productos, con multas a empresas por contacto reiterado sin autorización del consumidor.
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¿Qué aprobó el Senado de la República sobre las llamadas insistentes de tarjetas?
El Pleno aprobó la reforma el 7 de octubre de 2026, con 96 votos a favor y ninguno en contra, de acuerdo con el Senado. Se trata de una aprobación en el Pleno, no solo en comisiones, y la iniciativa es de la senadora Mayuli Martínez, del PAN.
“Se busca atender un problema social que creció de manera alarmante en el país, ya que millones de personas en México reciben infinidad de llamadas telefónicas no solicitadas con fines publicitarios y de mercadotecnia”, expresó Martínez.
El texto prohíbe que proveedores y empresas contacten a una persona de forma reiterada y persistente sin su autorización, con fines de mercadotecnia o publicidad. La medida cubre tarjetas de crédito, seguros y préstamos, y no se limita a la llamada telefónica, porque también contempla mensajes y correos.
La propuesta busca además que las empresas no evadan su responsabilidad al argumentar que la llamada la hizo un tercero. Si un proveedor contrata a otra firma para sus campañas, es corresponsable de esas llamadas, según el planteamiento de la reforma.
¿Cuándo entraría en vigor y qué pasa con las multas?
La reforma todavía no está en vigor. La minuta pasó a la Cámara de Diputados, que debe analizarla y, en su caso, aprobarla. Si la aprueba sin cambios, el decreto pasaría al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Mientras Diputados no vote, las empresas siguen bajo las reglas actuales y la aprobación del Senado no cambia nada para tu línea.
Hoy existen dos registros gratuitos. El Registro Público para Evitar Publicidad de Profeco cubre telecomunicaciones, comercio y turismo, y las empresas tienen 30 días para dejar de llamar tras tu alta.
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Sobre el monto, la reforma fija sanciones de 56,570 a 2,345,728 pesos. Solo el tope supera los dos millones, y el mínimo es casi 50 veces menor que ese máximo, así que la cifra que pagaría cada empresa dependería de cada caso.
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