El Congreso de Oaxaca aprobó, con 28 votos a favor, una reforma a la Ley para la Protección de las Personas Adultas Mayores en el Estado. El cambio establece que todas las instituciones públicas y privadas, sin importar su naturaleza o giro, deberán implementar facilidades administrativas, operativas, físicas y de accesibilidad tecnológica para este sector de la población al realizar cualquier trámite, gestión o solicitud de servicio.
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¿Qué cambia la reforma para oficinas y negocios en Oaxaca?
El dictamen, presentado por la Comisión Permanente de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, modifica el inciso b) de la fracción IV del artículo 9 y el artículo 12 de la ley, y agrega la fracción VII del artículo 12 y la fracción VI del artículo 14. Con estos cambios, se reconoce el derecho de las personas adultas mayores a recibir procedimientos claros y expeditos, con acompañamiento presencial o tecnológico en Oaxaca.
A partir de esta reforma, empresas y dependencias de cualquier tipo quedan obligadas a contar con accesos preferentes, personal sensibilizado y facilidades tecnológicas. La ley también exige que las autoridades garanticen mecanismos de accesibilidad universal, capacitación continua del personal y procesos que reduzcan las cargas administrativas para este grupo.
La Comisión Permanente de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad señaló que el estado debe armonizar sus leyes locales con la Constitución Federal y con tratados internacionales, como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
¿Por qué se impulsó esta reforma en Oaxaca?
La iniciativa fue presentada por el diputado Benjamín Viveros Montalvo, del Grupo Parlamentario de Morena. Según cifras del Consejo Nacional de Población (Conapo) citadas en la iniciativa, en Oaxaca viven más de 460 mil personas adultas mayores, equivalentes al 12% de la población estatal, con una proyección de que esa cifra supere el 15% para 2030.
En tanto, datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) y de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías, también citados en la iniciativa, indican que una de cada tres personas mayores en la entidad tiene dificultades para realizar trámites por sí misma, y que solo el 28% cuenta con un dominio básico de servicios digitales. De acuerdo con esos datos, más de la mitad de este sector enfrenta cierto grado de vulnerabilidad emocional ante los procesos administrativos actuales.
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