La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) confirmó que, desde enero de 2026, todos los usuarios de telefonía móvil en el país deberán registrar su línea, como parte de un nuevo esquema nacional de identificación. La medida avanza tras una consulta pública cuyo objetivo fue afinar el marco regulatorio que definirá cómo se gestionará este padrón.
De acuerdo con la CRT, los comentarios recibidos se han concentrado en temas sensibles para la operación del registro: el servicio de roaming, los mecanismos de validación de identidad, los documentos oficiales que serán aceptados, las fechas de implementación y los protocolos de privacidad y seguridad de datos. Con estas aportaciones, el organismo alista la versión final de los lineamientos.
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Las cifras oficiales muestran la magnitud del desafío. El Análisis de Impacto Regulatorio señala que, para marzo de 2025, el país contaba con aproximadamente 142 millones de líneas móviles, y que entre noviembre de 2025 y agosto de 2026 podrían activarse otros 70 millones de nuevos servicios. A pesar de ese volumen, hasta el 2 de octubre de 2025 únicamente 427 mil líneas habían sido registradas. Bajo este escenario, la autoridad calcula que el padrón deberá integrar más de 211 millones de líneas.
Costos del registro de líneas telefónicas
La creación de la plataforma tecnológica que concentrará la información de los usuarios y operará los procesos de registro tendrá un costo estimado de 4,053 millones de pesos para las empresas del sector. El llamado motor biométrico —clave para la validación de identidad— equivaldría a menos de un año de renta en su esquema más costoso, calculado en 4,031 millones de pesos anuales, considerando un promedio de 70 millones de verificaciones biométricas diarias.
El desarrollo o adecuación del software para integrar y consultar datos de los usuarios también sumará una inversión importante. Se estima que solo esta parte implicará 22.6 millones de pesos, cifra basada en costos referenciales del Instituto Nacional Electoral para equipos de procesamiento utilizados en una licitación previa.
Otros gastos operativos incluyen la obligación de notificar a la CRT sobre vulneraciones de datos personales, proceso que —según el análisis— tomaría media hora y tendría un costo anual de 264 pesos por empresa. A ello se suma el reporte de fallas técnicas, cuyo llenado también requiere 30 minutos; con alrededor de 3,800 reportes anuales, este rubro podría ascender a 251 mil pesos.
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