La administración del presidente Donald Trump confirmó que el Departamento de Eficiencia Gubernamental ( DOGE ) podría haber accedido de manera indebida o haber hecho un uso incorrecto de información confidencial de la Seguridad Social , lo que ha generado preocupación sobre la protección de datos personales de millones de estadounidenses.
La confirmación se produjo luego de que el Departamento de Justicia informara que se encuentra revisando el manejo que hizo DOGE de la información administrada por la Administración del Seguro Social (SSA). La revisión incluye datos sensibles que podrían permitir la identificación directa de beneficiarios individuales.
De acuerdo con funcionarios federales, el acceso cuestionado habría ocurrido en el marco de los esfuerzos de DOGE por optimizar procesos gubernamentales. Sin embargo, se investiga si dichas acciones superaron los límites legales establecidos por las normas federales de privacidad y los protocolos internos de protección de datos.
Las autoridades aclararon que la evaluación sigue en curso y que, por el momento, no se ha emitido una conclusión definitiva. No obstante, se trata de la primera vez que la administración reconoce públicamente que las prácticas de DOGE respecto a los registros del Seguro Social podrían no haberse ajustado a los procedimientos permitidos.
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¿Qué confirmó la administración Trump sobre el acceso a datos del Seguro Social?
Según lo informado, DOGE podría haber accedido a registros más allá de lo autorizado legalmente. El Departamento de Justicia analiza si ese acceso constituyó una violación de las leyes federales de privacidad o de las salvaguardas internas diseñadas para proteger la información de la SSA.
Entre los datos potencialmente comprometidos se encontrarían identificadores personales que, por su naturaleza, están sujetos a controles estrictos debido a los riesgos asociados al fraude y al robo de identidad.
¿Por qué preocupa a los beneficiarios del Seguro Social?
La Administración del Seguro Social gestiona algunos de los datos más sensibles del gobierno federal, incluidos números de Seguro Social, fechas de nacimiento y antecedentes de pagos. Un uso indebido de esta información podría exponer a los beneficiarios a riesgos financieros y de identidad.
Organizaciones defensoras de la privacidad advirtieron que incluso el acceso interno dentro del propio gobierno puede generar vulnerabilidades si no existe una supervisión adecuada. En ese sentido, reclamaron límites más claros sobre la autoridad de DOGE y mayores controles sobre el uso de los registros de la SSA.
La administración señaló que no existe evidencia de daños generalizados hasta el momento, aunque reconoció que podrían implementarse medidas adicionales de protección. Los resultados de la investigación podrían derivar en cambios de políticas, sanciones disciplinarias o restricciones más estrictas sobre el acceso a datos del Seguro Social por parte de agencias federales en el futuro.
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