Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han recibido autorización interna para ingresar por la fuerza y derribar puertas de viviendas sin contar con una orden judicial, siempre que se trate de personas con una orden final de deportación, según un memorando interno del organismo obtenido por The Associated Press.
Esta directiva representa un cambio importante respecto a las prácticas previas destinadas a respetar los límites constitucionales sobre registros domiciliarios y ha generado preocupación entre organizaciones de derechos civiles y comunidades inmigrantes en Estados Unidos.
El memorando aclara que los agentes pueden derribar puertas o forzar accesos en determinadas situaciones, aunque deben cumplir ciertos protocolos internos de supervisión y documentación.
An internal ICE memo “authorizes ICE officers to use force to enter a residence based solely on a more narrow administrative warrant” without a judge’s signature, AP reported.
— Vpol (@VocalPolitics1) January 22, 2026
■ Lawyers, legal aid groups, and local governments advise people not to open their doors to ICE unless… pic.twitter.com/tLmsbRxytV
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¿En qué casos ICE puede ingresar a una vivienda sin orden judicial?
Según el memorando, la medida aplica a personas que ya cuentan con una orden final de deportación, es decir, individuos que han agotado sus recursos legales en tribunales de inmigración. Los agentes deben documentar la situación y seguir protocolos internos, pero la directiva permite el uso de fuerza física y la entrada sin consentimiento del residente, lo que marca un cambio respecto a la práctica anterior, en la que los oficiales necesitaban al menos intentar obtener cooperación antes de actuar.
Expertos legales advierten que, a pesar de esta autorización, existen limitaciones constitucionales sobre registros y entradas forzadas. Cualquier abuso o actuación fuera de los protocolos podría dar lugar a impugnaciones legales y demandas por violación de derechos civiles. La medida, además, ha provocado críticas entre legisladores que consideran que podría generar más conflictos que soluciones efectivas en la gestión migratoria.
Críticas a la medida de detenciones del ICE sin orden judicial
Organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) han advertido que la autorización de ingreso sin orden judicial podría ser inconstitucional en muchos casos, y han instado a revisar los procedimientos del ICE. Defensores de inmigrantes señalan que esta política puede generar miedo entre las familias afectadas y desalentar la cooperación con autoridades civiles, incluso en situaciones que no tienen relación directa con la inmigración.
Por su parte, el ICE ha señalado que la autorización busca cumplir con órdenes finales de deportación de manera más eficiente y segura, aunque sin comprometer la seguridad de sus agentes ni de la comunidad. Sin embargo, para muchos expertos, el memorando subraya la tensión entre la eficiencia operativa y la protección de los derechos constitucionales de los residentes afectados.
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