California comenzó a aplicar oficialmente la AB-645 el 1 de enero de 2026, con un programa piloto que permite que las cámaras de control de velocidad en determinadas ciudades, incluida Los Ángeles, emitan multas automáticamente a los conductores que excedan los límites establecidos. De esta manera, se une a Nueva York, que ya implementa un sistema similar en varias zonas urbanas, con el objetivo de reducir accidentes y mejorar la seguridad vial.
La legislación, aprobada en 2024, establece que en California el límite de velocidad debe ser de 40 kilómetros por hora (25 mph) a menos de 150 metros (500 pies) de una escuela. En determinadas circunstancias, el límite puede reducirse aún más, hasta 24 kilómetros por hora (15 mph).
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¿De cuánto pueden ser las multas automáticas por infracciones captadas por cámaras?
Las multas automáticas emitidas por cámaras de velocidad no tienen un monto único y dependen de la ciudad, el tipo de infracción y el exceso registrado. En California, la ley AB-645 establece sanciones que pueden iniciar en 50 dólares y aumentar progresivamente cuando el conductor supera de forma considerable el límite de velocidad, especialmente en zonas escolares.
En el caso de Nueva York, las sanciones asociadas a cámaras de semáforo en rojo suelen ser multas fijas, generalmente de 50 dólares, aplicadas sin importar la reincidencia. Las autoridades explican que el objetivo principal no es punitivo, sino disuasivo, para reducir conductas de alto riesgo en intersecciones urbanas.
Especialistas en seguridad vial advierten que, aunque estas infracciones no siempre implican puntos en la licencia, sí pueden generar recargos si no se atienden a tiempo. Por ello, recomiendan prestar atención a la señalización obligatoria en las zonas monitoreadas, ya que la normativa exige transparencia en la ubicación de las cámaras para evitar sanciones inesperadas.
¿Por qué el uso de cámaras de tráfico genera debate en Estados Unidos?
Mientras las autoridades defienden estas medidas como una herramienta eficaz para mejorar la seguridad vial, el uso de cámaras de tráfico no está exento de polémica. Organismos como la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (por su traducción del inglés) y el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (por su traducción del inglés) respaldan su implementación al considerar que ayudan a reducir accidentes mortales.
Sin embargo, críticos sostienen que estos sistemas funcionan como un mecanismo de recaudación encubierta. Un ejemplo reciente ocurrió en el condado de Suffolk, Nueva York, donde un programa de cámaras de luz roja fue suspendido en 2024 luego de que un tribunal determinara que ciertas tarifas administrativas eran ilegales. Durante más de una década, ese sistema generó 290 millones de dólares en multas.
El debate también ha llegado a los tribunales federales. En Virginia, un juez aceptó analizar una demanda presentada por residentes que cuestionan el uso de cámaras de lectura de matrículas, al considerar que podrían violar la Cuarta Enmienda al permitir el rastreo de vehículos sin una orden judicial. A pesar de ello, estados como California y Nueva York continúan ampliando estos programas, apostando por la automatización de las sanciones como una herramienta clave para modificar conductas al volante.
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