“Ley de Amparo” (Segunda parte) | Ciudad 25

Se aborda la reforma a la Ley de Amparo y sus posibles implicaciones para los derechos de los ciudadanos. El debate se centra sobre si la reforma favorecerá los derechos de los ciudadanos o si hará más complejo obtener una suspensión, permitiendo que el Estado actúe y dificulte la reparación posterior.

Ligia González, representante del Consejo Coordinador Empresarial, ilustra la importancia del amparo con dos ejemplos. Para los ciudadanos, menciona el caso de una persona que necesita una vacuna u operación; la suspensión permite al Estado actuar de inmediato para evitar un daño irreparable. Para las empresas, explica cómo el amparo protege contra actos de corrupción o extorsión por parte de autoridades municipales, asegurando la legalidad en la obtención de permisos y eliminando la necesidad de sobornos. Advierte que preferir el “orden público” para afectar a una persona es peligroso, ya que este concepto puede cambiar y generar precedentes negativos, como la retroactividad perjudicial.

José Ángel Santiago, presidente de la Nave, detalla que actualmente los jueces analizan si suspender la acción del gobierno afectaría a la colectividad y la “apariencia de buen derecho” del gobernado. Argumenta que si el Estado no cumple con los derechos fundamentales de un individuo, esto afecta a toda la sociedad. Expresa preocupación de que la reforma conduzca a la negación automática de suspensiones en nombre de “grandes proyectos del Estado”, inclinando la balanza y comprometiendo la imparcialidad judicial. Cita el ejemplo de una expropiación donde, aunque el ciudadano gane el amparo, la imposibilidad material de revertir la construcción de una obra hace que el juicio sea ilusorio, ya que solo se ofrecería una indemnización ya implícita en la expropiación.

Ligia González reitera que la injusticia para uno es una injusticia para todos, lo que podría regresar como un “boomerang”. Critica que la definición de “orden público” sea lo que el Estado dice que es, lo que puede cambiar con el tiempo y permitir afectaciones como la reducción retroactiva de pensiones. Subraya la importancia de defender los derechos fundamentales y la seguridad jurídica que el amparo ofrece.

José Ángel Santiago concluye que la reforma inclina la balanza al pedir a los jueces no conceder suspensiones si afecta significativamente el interés de la administración, lo que representa un “problemón de imparcialidad”. Afirma que, sin la suspensión, el amparo pierde su sentido, convirtiéndose en una “palabra bonita”.