Control de rentas en CDMX: ¿solución contra la gentrificación o amenaza a la propiedad privada?

El gobierno de la Ciudad de México ha anunciado la implementación de un control de alquileres como medida para “combatir la gentrificación”, una problemática que ha transformado el panorama urbano en los últimos años. A primera vista, esta política puede parecer una solución para quienes enfrentan rentas cada vez más altas; sin embargo, su alcance y consecuencias generan más preguntas que certezas.

¿Qué significa realmente imponer topes a los alquileres para los derechos de propiedad privada? Este derecho no solo protege la posesión material de un bien, sino que también garantiza la libertad individual de usarlo, administrarlo y disponer de él como su dueño considere más conveniente. Limitar esta facultad no es un simple ajuste administrativo: es alterar la base misma de la relación entre los ciudadanos y su patrimonio.

Además, el contexto actual no es alentador. Desde hace años, en la capital no se construye vivienda destinada al alquiler en volúmenes suficientes. ¿Podría esta política, en lugar de aliviar el problema, profundizarlo al desincentivar la inversión inmobiliaria y reducir aún más la oferta de inmuebles para arrendamiento? La experiencia internacional sugiere que los controles de precios, aunque bien intencionados, suelen generar mercados paralelos, contratos informales y deterioro de la calidad de la vivienda, afectando a quienes precisamente se pretendía proteger.

El debate no se limita a lo económico, sino que alcanza lo constitucional y lo filosófico: ¿es irrelevante debilitar el derecho a la propiedad privada consagrado en la Constitución? Algunos sostienen que abrir esa puerta, aunque sea con fines sociales, implica un riesgo de regresión en libertades individuales. Otros argumentan que la medida es necesaria para garantizar un derecho humano a la vivienda digna en una ciudad marcada por la desigualdad.

Finalmente, surge otra cuestión crucial: ¿debe el gobierno actuar como empresario, controlando precios y regulando el mercado, o debería enfocarse en promover la competencia, incentivar la construcción y diseñar mecanismos que aumenten la oferta de vivienda accesible? En un contexto donde la gentrificación expulsa a comunidades enteras y el costo de la vida se dispara, el reto es encontrar soluciones equilibradas que no sacrifiquen libertades fundamentales ni ahuyenten la inversión. ¿Es el control de rentas ese camino? Las implicaciones son profundas y el debate apenas comienza.