El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, explicó públicamente la situación legal y financiera que enfrenta el municipio con la empresa Next Energy, luego del incumplimiento de un ambicioso proyecto de energía solar pactado desde 2020.
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El acuerdo buscaba dotar de energía limpia a la ciudad mediante una planta fotovoltaica en Cerralvo, Nuevo León, con pagos a 30 años por más de 7 mil millones de pesos, pero nunca se concretó en su totalidad.
🗣️ Adrián de la Garza (@AdrianDeLaGarza), alcalde de Monterrey, aclaró la situación que enfrenta el municipio con Next Energy, la empresa que incumplió un contrato para la generación de energía solar
— adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 18, 2026
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El contrato original con Next Energy y sus objetivos energéticos
El convenio contemplaba la construcción de una planta solar de gran escala para reducir costos de electricidad y disminuir el impacto ambiental del municipio.
La iniciativa se presentó como una solución moderna que posicionaría a Monterrey como referente en energías renovables en el norte del país, con beneficios económicos a largo plazo.
Incumplimientos detectados y sanciones millonarias aplicadas
Durante la administración de Adrián de la Garza se detectó que la empresa no avanzó conforme a lo estipulado en el contrato.
Ante esta situación, el municipio activó penalizaciones legales y logró cobrar 174 millones de pesos en multas y garantías, recursos que se destinaron a obras y servicios públicos.
Cambios contractuales durante la siguiente administración municipal
Con la llegada del gobierno de Movimiento Ciudadano, encabezado por Luis Donaldo Colosio, se modificaron condiciones clave del contrato.
El pago mensual a Next Energy se incrementó hasta en 400%, mientras se eliminaron sanciones, pese a que la planta seguía inconclusa, lo que generó fuertes cuestionamientos.
Medidas legales para proteger el patrimonio de Monterrey
En su nueva gestión, Adrián de la Garza ordenó congelar cuentas bancarias de la empresa y recuperar más de 650 millones de pesos para el municipio.
Además, obligó a la compañía a cubrir parte del recibo eléctrico de la ciudad y consiguió la devolución del terreno donde se proyectaba la planta solar.
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Estas acciones buscan evitar mayores pérdidas y sentar precedentes de responsabilidad contractual en proyectos públicos de alto impacto.
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