La investigación contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, escaló a un nuevo nivel. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó formalmente a los gobiernos de Estados Unidos y Argentina la extradición de dos exfuncionarios de su gabinete, señalados por su presunta participación en una red de desvío de recursos y lavado de dinero que supera los 3 mil 400 millones de pesos.
De acuerdo con fuentes ministeriales, la petición fue tramitada a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción y forma parte de una estrategia de cooperación internacional para capturar a excolaboradores que abandonaron el país ante el avance de las investigaciones.
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¿Quiénes son los exfuncionarios de Silvano Aureoles que la FGR busca extraditar?
Los exservidores públicos identificados son Israel Patrón Reyes, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, y Guillermo Loaiza Gómez, exdirector del Comité de Adquisiciones del gobierno estatal.
La FGR ubicó a Patrón Reyes en Estados Unidos, mientras que Loaiza Gómez estaría en Argentina Argentina. Ambos cuentan con orden de aprehensión por el delito de ejercicio ilícito de atribuciones y facultades, relacionado con la contratación irregular de una empresa para la renta y posterior adquisición de siete terrenos donde se construirían cuarteles de la Policía Preventiva.
Según las investigaciones federales, el esquema habría provocado un daño patrimonial por tres mil 412 millones 164 mil 310.69 pesos, cifra que podría incrementarse conforme avancen las auditorías y peritajes financieros.
La FGR inició los trámites para traer de vuelta a México a dos exfuncionarios clave de Michoacán, localizados en EU https://t.co/j6gIBHs9KV
— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 14, 2026
¿De cuánto es el desfalco en Michoacán y cuáles son los delitos imputados?
Las indagatorias apuntan a un entramado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, asociación delictuosa y administración fraudulenta. En el caso de Aureoles Conejo, las órdenes de captura incluyen estos delitos, además de presunto lavado de dinero.
Uno de los puntos centrales del expediente es la construcción de siete cuarteles policiales que habrían sido contratados con sobrecostos millonarios.
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Las autoridades federales sostienen que se pagaron cerca de 980 millones de pesos por instalaciones cuyo valor real sería menor a 180 millones, es decir, hasta cinco veces por encima de su precio estimado; mientras tanto, Silvano Aureoles continúa prófugo.
La FGR mantiene activa su búsqueda a nivel nacional e internacional, en un caso que ya pasó de la esfera local a un proceso de colaboración entre países para llevar ante la justicia a los exintegrantes del gabinete michoacano.
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