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10 julio 2017 17:07hrs
24 junio 2020 14:06hrs
Redacción ADN40
Estados

Hay miles de Procuradurías para niños, sin recursos

Expertos consideran que el Estado ha fallado en políticas para evitar la violencia contra los menores, al no verlos como sujetos con derechos.

La primera causa de muerte en adolescentes en algunos estados es el homicidio y en otros el suicidio, lo que representa que “la burocracia no está actuando para proteger su integridad física y emocional”, consideraron especialistas.

Casos como el de Antony, el niño que fue rescatado en la delegación Gustavo A. Madero con huellas de maltrato, así como violaciones de niñas en el transporte público y agresiones que sufren los menores en su casa, escuela o comunidad son reflejo de un Estado “debilitado”, por lo que se requiere de una mayor articulación de las políticas públicas para la prevención de la violencia y reeducar a la población respecto a su perspectiva sobre este problema, advirtieron.

El Inegi destaca que durante 2015 se registraron mil 57 homicidios de niñas, niños y adolescentes: 2.8 cada día. De 2014 a 2015 los asesinatos de adolescentes entre 15 y 17 años se incrementaron 3.8%. En tres de cada 100 casos de muertes de niños y adolescentes (0-17 años) se identificó la presencia de violencia familiar

Ricardo Bucio Mújica, secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), reconoció que no se ha logrado generar un ambiente protector para la niñez.

Resaltó que actualmente se cuenta con mil procuradurías de protección especial del menor y la familia tanto a nivel municipal, regional y estatal. Reconoció que estas instancias aún no cuentan con todos los recursos para tener conexión con las diferentes autoridades involucradas en la creación de entornos seguros y saludables para los menores.

Para Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), casos como el de Antony, o el de Valeria, cuyo cuerpo fue hallado con rastros de agresión sexual, reflejan que “el Estado mexicano es totalmente omiso en su responsabilidad de proteger a los niños y niñas. No se ve a los menores como sujetos de derechos”, dijo.

lmo

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