Comité alerta a la ONU por crisis de desapariciones en México; podrían constituir crímenes de lesa humanidad

Las desapariciones forzadas en México podrían constituir crímenes de lesa humanidad, advirtió el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), al señalar que existen indicios fundados de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en distintas regiones del país.

Bajo este argumento, el organismo solicitó al Secretariado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que remita de manera urgente el caso mexicano a la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de que se analicen medidas internacionales de apoyo para enfrentar esta crisis.

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El Comité aclaró que no encontró pruebas de una política deliberada a nivel federal para cometer desapariciones forzadas; sin embargo, subrayó que el derecho internacional no exige que estos delitos sean ordenados desde las más altas esferas del poder para ser considerados de lesa humanidad.

“El patrón, la magnitud y el hecho de que se dirijan contra la población civil son los elementos clave”, explicó Juan Albán-Alencastro, presidente del organismo.

Asimismo, el informe reconoce que muchas desapariciones están vinculadas a grupos delictivos, en el contexto de la llamada “guerra contra las drogas”, aunque en algunos casos existen indicios de participación directa de funcionarios públicos o de su consentimiento.

La dimensión del problema sigue siendo alarmante. El Comité documentó el hallazgo de más de cuatro mil 500 fosas clandestinas en el país, con más de seis mil 200 cuerpos y miles de restos humanos adicionales, muchos sin identificar.

A esto se suma que el registro oficial de personas desaparecidas no permite distinguir con precisión cuántos casos corresponden a desapariciones forzadas, lo que complica el diagnóstico real de la crisis.

Pese a las acciones implementadas desde la visita del Comité en 2021, la situación no ha mostrado mejoras sustanciales y las autoridades continúan rebasadas.

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Ante este panorama, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada activó el mecanismo previsto en el artículo 34 de la Convención, con el fin de movilizar cooperación internacional.

Entre las medidas planteadas destacan asistencia técnica, apoyo financiero y fortalecimiento de capacidades en búsqueda, análisis forense e investigación, así como la creación de mecanismos eficaces para garantizar verdad y justicia a las víctimas.

La solicitud fue enviada al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, quien deberá turnarla a la Asamblea General para su evaluación.

El Comité reiteró que este procedimiento tiene un carácter preventivo y busca reforzar la respuesta del Estado mexicano ante una de las crisis de derechos humanos más graves en el país.

Horas más tarde, el Gobierno de México rechazó el informe del Comité de la ONU al considerarlo tendencioso y desactualizado, al no incorporar información reciente ni avances institucionales.

Por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), afirmó que el documento se basa en hechos de 2009 a 2017 y no refleja la realidad actual, además de que el propio Comité reconoce que no hay una política federal de desapariciones; asimismo, defendió las reformas implementadas desde 2019 y 2025, así como nuevas herramientas de búsqueda e investigación.

México reiteró su cooperación internacional, pero rechazó conclusiones que, asegura, no corresponden al contexto vigente, reafirmando su compromiso con la verdad, justicia y atención a víctimas.

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