El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, enfrenta una ofensiva legal sin precedentes en su contra. La diputada suplente del PAN, María Elena Pérez-Jaén, presentó un total de 37 denuncias penales ante la FGR, exigiendo una investigación a fondo por su desempeño como gobernador de Tabasco (2019-2020).
Los señalamientos principales giran en torno a un presunto quebranto a la Hacienda Pública que se acerca a los 800 millones de pesos —específicamente $766 millones—, proveniente de presuntas irregularidades detectadas en el ejercicio de recursos federales de los ejercicios fiscales 2019 y 2020, según lo documentado en auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Pérez-Jaén acusa que estas omisiones de la ASF, al no dar seguimiento a los expedientes, han protegido al legislador.
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Discrepancias patrimoniales y redes de corrupción
Además de las acusaciones por desvío de fondos en Tabasco, los señalamientos contra el senador morenista se extienden a su patrimonio y presuntos conflictos de interés. Distintas voces, incluyendo integrantes de Sistemas Anticorrupción y la senadora Lilly Téllez, han solicitado investigar las supuestas discrepancias en su declaración patrimonial y fiscal.
Recientemente, también se expuso un presunto escándalo de pagos millonarios de Pemex a una empresa inmobiliaria de la que López Hernández declaró ser accionista, por la renta de un piso de oficinas, elevando las dudas sobre posibles conflictos de interés y una supuesta red de corrupción para obtener contratos públicos. Estos hechos, ligados a su paso por Tabasco y la Secretaría de Gobernación, han provocado que figuras políticas e instancias de transparencia urgieran a la FGR, el SAT y la UIF a actuar con rigor técnico y transparencia.
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