En un veredicto histórico, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó que Myanmar cometió genocidio contra la minoría Rohinyá tras una operación militar en 2017 y ordenó que les permitan volver a sus tierras.
Durante la sesión de este jueves 19 de noviembre, con nueve votos a favor y seis en contra, el máximo tribunal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció que la nación del sudeste asiático “ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el estado de Rakhine, en violación a sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio”.
Para llegar a este veredicto, los 15 jueces que conforman el pleno del tribunal (incluida la premio Nobel de la paz Navi Pillay) rechazaron la defensa de Myanmar, quienes aseguraron que la operación militar fue legítima ya que estaban actuando contra la insurgencia, especialmente contra el Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán.
¿Por qué es histórica la sentencia contra Myanmar?
La sentencia de este día es histórica porque es la primera vez que la Corte Internacional de Justicia dictamina que un Estado cometió genocidio, lo cual pude marcar un precedente para las discusiones que se mantienen sobre la situación en Gaza y Ucrania.
Ante esto, el presidente del pleno, Yuji Iwasawa, estableció que la decisión se tomó porque, al analizar las pruebas, consideraron que las fuerzas de seguridad Myanmar mataron a civiles, además de que realizaron actos generalizados de violencia sexual, violencia extrema contra menores de edad y atacaron a la minoría rohinyá (conformada por al menos 700 mil personas) mientras intentaban escapar".
Myanmar deberá reparar los daños de la comunidad de Los Rohinyá
Ante esto, se obliga a Myanmar a reparar los daños sufridos, facilitar el regreso “seguro, voluntario y digno”, la devolución o sustitución de propiedades, garantizar la búsqueda de personas desaparecidas, rehabilitación física y psicológica de las víctimas.
Conviene recordar que este proceso inició en 2019 cuando Gambia, con el respaldo de la Organización de Cooperación Islámica, llevó el caso ante la CIJ al acusarlos de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.





