La relación entre México y Estados Unidos atraviesa un nuevo punto de tensión en materia de seguridad, marcado por los llamados de Washington a profundizar las acciones contra el crimen organizado.
El presidente Donald Trump reconoció el trabajo de la actual administración mexicana, particularmente los decomisos de drogas y el despliegue militar en la frontera. Sin embargo, planteó tres líneas de acción: mayores operaciones conjuntas, un incremento de la inversión en seguridad y la detención de funcionarios vinculados con el narcotráfico.
En su Estrategia Nacional de Control de Drogas y en las evaluaciones presidenciales anuales remitidas al Congreso el 16 de septiembre, el republicano subrayó la urgencia de exponer, arrestar y procesar a funcionarios públicos que, según el gobierno estadounidense, han auxiliado a los cárteles y traicionado la soberanía nacional.
El mensaje de Washington se produjo el mismo día del desfile militar por la Independencia de México. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum destacaba ante las Fuerzas Armadas la defensa de la soberanía nacional y denunciaba el injerencismo, Trump exigía que el gobierno mexicano dejara de proteger a políticos vinculados con el narcotráfico tal como Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, acusados en Nueva York de vínculos con el narcotráfico.
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¿Cuánto dinero invierte México para combatir la inseguridad?
En paralelo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, felicitó al pueblo mexicano por el 216 aniversario del inicio de la Independencia, pero dedicó buena parte de su mensaje a los problemas que, desde la perspectiva estadounidense, amenazan la seguridad de ambos países.
Rubio señaló al crimen organizado transnacional, el narcoterrorismo, la migración irregular y la violencia de los cárteles como problemas que requieren una respuesta conjunta. También sostuvo que el tráfico de drogas hacia Estados Unidos ha provocado la muerte de cientos de miles de estadounidenses.
El gobierno respondió a estas presiones rechazando una supervisión externa y reclamando, a su vez, mayor transparencia por parte del país vecino en asuntos como el consumo de drogas, el lavado de dinero y el tráfico ilegal de armas. De esta manera, el debate sobre la seguridad binacional se ha planteado no sólo en términos de las responsabilidades de México, sino también de los factores que desde Estados Unidos alimentan la problemática del crimen organizado.
Otro elemento de la discusión es el nivel de inversión en seguridad. México se encuentra entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que menos recursos destinan a este rubro. De acuerdo con los datos citados, los países miembros de la organización destinan en promedio cerca de 1.7% del Producto Interno Bruto (PIB) a seguridad, mientras que México destina alrededor de 1.28%. En América Latina y el Caribe, el promedio es de aproximadamente 2.2% del PIB, por encima del gasto reportado por México.
La seguridad, sin embargo, no es el único tema que se encuentra sobre la mesa en la relación bilateral. Los días 28 y 29 de septiembre está prevista una reunión entre México y Estados Unidos en Washington relacionada con el T-MEC, en medio de las conversaciones sobre el futuro de la relación comercial de América del Norte.
Las próximas elecciones en Estados Unidos para noviembre de 2027 están programadas para el martes 2.
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