Estados Unidos estaría en búsqueda de 120 altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro que figuran en su lista negra, acusándolos de corrupción, abuso de poder y violaciones de derechos humanos, según un reportaje de El Milenio.
Las sanciones buscan restringir sus operaciones financieras y comerciales con ciudadanos y empresas estadounidenses, mientras Washington mantiene la presión sobre las figuras clave del chavismo.
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¿Qué implican las sanciones y la búsqueda de Estados Unidos para los 120 funcionarios de Maduro?
Desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia en 2013, funcionarios del círculo cercano al mandatario han sido incorporados en la lista negra del Departamento del Tesoro de EEUU, principalmente por actos antidemocráticos y prácticas represivas.
Entre ellos se incluyen generales, líderes regionales, miembros de las fuerzas de seguridad y altos burócratas, cuya actividad económica y financiera se ve directamente limitada por las sanciones.
Las sanciones incluyen prohibiciones de realizar transacciones con ciudadanos o empresas estadounidenses, así como la congelación de bienes dentro del territorio estadounidense. Washington ha señalado que estas medidas buscan presionar al régimen de Maduro para que respete los derechos humanos y la democracia, aunque también han generado debate internacional por su impacto en la crisis humanitaria en Venezuela.
¿Quiénes figuran en la lista negra de Estados Unidos sobre Venezuela?
Entre los nombres más destacados están la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, señalados por su vinculación con la represión estatal y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Ambos forman parte del círculo cercano a Nicolás Maduro y son considerados figuras clave en la toma de decisiones del régimen.
También figuran en la lista Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, junto con otros altos mandos militares y policiales.
Estas personas son acusadas de participar en prácticas de control político, represión de opositores y violaciones de derechos civiles, lo que ha llevado a su inclusión en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
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