Mientras el gobierno mexicano habla de falta de pruebas, avanzan congelamientos de cuentas, entregas voluntarias y negociaciones políticas internas. La designación de los cárteles como organizaciones terroristas endurece la estrategia estadounidense y abre la puerta a nuevas operaciones de inteligencia en territorio mexicano. Entre tensiones diplomáticas, violencia creciente y cuestionamientos al Estado de derecho, el debate pone sobre la mesa el futuro de la cooperación bilateral y la capacidad de México para recuperar el control frente al crimen organizado.




