La extorsión se ha convertido en un problema cotidiano que afecta tanto a grandes como a microempresarios en México, llegando a tener a los empresarios “de rodillas”, según declaraciones de Juan José Sierra, presidente de Coparmex. Este delito es particularmente devastador para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), pudiendo llevarlas al cierre y a la pérdida del patrimonio familiar.
Se estima que el 97% de los delitos de extorsión no se denuncian debido a la falta de confianza en las autoridades y el miedo a represalias. Las encuestas de DataCoparmex indican que la mitad de sus socios han sido víctimas de al menos un delito, siendo la extorsión (incluido el cobro de piso) el segundo delito más común después del robo a mercancías. Un 68% de las extorsiones son telefónicas, pero el cobro de piso, asociado a la delincuencia organizada, también es un componente significativo.
Preocupa que en ocasiones la propia autoridad, en su afán de hacer cumplir la ley, se convierta en un extorsionador a través de interpretaciones creativas de impuestos, especialmente los ambientales, que carecen de armonización nacional y se prestan a la corrupción. Esto, sumado a trámites largos, poco claros y costosos, y la inseguridad general, está frenando la inversión en el país.
Aunque la inseguridad no es un problema local o regional, sino una crisis nacional, 22 estados han visto un aumento significativo de la extorsión. Se reconoce un esfuerzo del gabinete de seguridad, pero se enfatiza la necesidad de una aplicación local de la ley contra la extorsión, la armonización de leyes en congresos estatales, la adaptación de fiscalías y, fundamentalmente, la denuncia ciudadana.
La falta de seguridad impacta negativamente el desarrollo económico y el bienestar de familias y trabajadores, quienes viven con miedo. Seis de cada diez empresas no ven un buen momento para invertir debido a la inestabilidad económica, la inseguridad y la política. Para mejorar el panorama, es crucial trabajar en seguridad, certeza jurídica y energía.
