Todo empezó con un tuit sobre problemas de la ciudad y una opinión sobre un posible caso de nepotismo. Karla Estrella borró el mensaje cuando se lo pidieron, pero aun así fue denunciada por violencia política en razón de género y sancionada por el Tribunal Electoral. La medida incluyó una disculpa pública durante 30 días seguidos, una sanción que ella considera excesiva e injusta. Hoy el caso escaló a la Comisión Interamericana y abre preguntas incómodas: ¿hasta dónde puede llegar el poder del Estado para castigar opiniones en redes?, ¿cuándo la justicia se convierte en censura?, ¿vale la pena seguir alzando la voz aunque haya miedo? Una conversación sobre libertad de expresión, autocensura y el costo de opinar en el espacio público digital.
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