El pasado 1 de mayo, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitó licencia al cargo de alcalde de Culiacán, Sinaloa, tras acusaciones de autoridades de Estados Unidos (Departamento de Justicia) por presuntos vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico. Un caso por el cual también fue señalado el gobernador Rubén Rocha Moya.
El pasado 31 de octubre concluyó la vigencia de la licencia concedida al político, por lo que se ha solicitado al Cabildo de Culiacán que se declare su falta absoluta para la designación de quien se convertirá en presidente municipal sustituto.
De acuerdo con la regidora Erika Sánchez Martínez y con el artículo 148 de Constitución estatal, una licencia en Culiacán no puede concederse por un plazo mayor a los seis meses, por lo que el morenista debe pedir su licencia definitiva.
¿Qué respondió al alcaldesa interina de Culiacán?
Cuestionada sobre el procedimiento legal tras cumplirse medio año de la separacion del cargo, la presidenta municipal interina, Ana Miriam Ramos Villarreal, explicó que la solicitud aprobada por el Cabildo no cuenta con un plazo determinado de vencimiento mientras persista la situación jurídica del mandatario con licencia.
“Recordemos que la licencia fue presentada ante Cabildo por una licencia mayor a 10 días, la cual fue autorizada de esta manera, y el presidente con licencia está en una investigación. En tanto la investigación continúa, el estatus de su licencia será el mismo. Una vez que este estatus cambie, se tendrá que hacer lo conducente”, dijo.
No obstante, Ramos Villarreal no precisó cómo se ajusta la permanencia de la licencia a la disposición que establece el límite de seis meses.
¿Qué dijo el Congreso de Sinaloa?
El Congreso del Estado de Sinaloa no se adelantará a las decisiones del Ayuntamiento de Culiacán y esperará a que el Cabildo comunique oficialmente sus acuerdos sobre la solicitud de nombrar a un alcalde sustituto de Juan de Dios Gámez Mendívil, antes de determinar si existe algún asunto que requiera la intervención del Poder Legislativo, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Eligio López Portillo.
Durante una conferencia de prensa, el diputado sostuvo que las decisiones relacionadas con licencias, posibles reincorporaciones o la titularidad de las presidencias municipales corresponden inicialmente a los cabildos, por lo que el Congreso deberá respetar la autonomía municipal y actuar únicamente dentro de sus atribuciones legales.
“Nosotros no podemos intervenir. Cuando se pide una licencia es el derecho que tiene, pero el Cabildo toma resolutivo en cuanto al municipal; ahí sí podemos intervenir, una vez que ellos nos definan en qué situación y dónde podemos intervenir o no”, aseveró.
