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La narconómina que exhibe el fracaso la estrategia de AMLO

La nómina del CJNG —con pagos de apenas miles de pesos para reclutas— revive el debate sobre si la política de “atender las causas” realmente logró frenar el reclutamiento del crimen organizado.

el mencho jalisco
La narconómina revela que combatir al crimen organizado requiere algo más que recursos sociales. |Reuters

La columna de Carlos Loret de Mola coloca en el centro una pregunta incómoda para la política de seguridad del sexenio pasado: si los programas sociales destinados a alejar a los jóvenes del crimen realmente lograron su objetivo. La llamada “narconómina” atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación muestra pagos que van desde unos cuantos miles de pesos para reclutas de bajo rango, lo que reabre el debate sobre la efectividad de esa estrategia.

Para el columnista, el problema no es solo el monto del dinero que circula en el crimen organizado, sino la evidencia de que la política de “atender las causas” no logró contener el reclutamiento del narco.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador apostó durante su sexenio por una estrategia que buscaba reducir la violencia a través de programas sociales, con el argumento de que ofrecer oportunidades económicas a los jóvenes disminuiría el atractivo de las organizaciones criminales. La idea era simple: atacar las condiciones sociales que alimentan el crimen organizado.

Pero la aparición de esta presunta nómina del grupo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, introduce una contradicción incómoda: pese a los recursos destinados a programas sociales, el narco sigue encontrando mano de obra dispuesta a integrarse a sus filas por sueldos relativamente bajos.

Para Loret, cada revelación de este tipo golpea uno de los pilares narrativos del obradorismo. Si el argumento central era que la pobreza y la falta de oportunidades empujaban a los jóvenes hacia el crimen, la evidencia de pagos modestos dentro de los cárteles sugiere que el problema podría ser más complejo que una simple ecuación económica.

La discusión sobre seguridad en México ha oscilado durante décadas entre la fuerza del Estado y las políticas sociales. La “narconómina” que describe Loret no resuelve ese debate, pero sí deja una conclusión incómoda: combatir al crimen organizado requiere algo más que recursos sociales. Porque si los cárteles siguen reclutando incluso con salarios modestos, el problema no es solo económico, sino estructural en la forma en que el Estado enfrenta al poder criminal.

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