De acuerdo al índice del World Justice Project, Baja California Sur es el segundo estado con menos gobierno abierto, cumplimiento regulatorio, justicia penal y civil, orden y seguridad.
El primer periodista asesinado en 2019, se llamaba Rafael Murúa Manríquez, tenía 34 años y fue encontrado el 22 de enero entre la maleza de una carretera del municipio de Mulegé, BCS.
Otro crimen en este mismo estado fue el de un ciudadano alemán en el municipio de la Paz, en 2016; aunque su hermano denunció la corrupción y negligencia de las autoridades estatales, este no ha sido esclarecido ni se ha hecho justicia.
En 2017, asesinaron al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Silvestre de la Toba Camacho, un año después, fue asesinado Miguel Jordán Moyrón, hermano del secretario de Finanzas.
Apenas en marzo, dos personas fueron ejecutadas en la colonia Santa Rosa de los Cabos, días después, un joven de 18 años fue asesinado a balazos en La Paz.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros dos meses del año ocurrieron 3 mil 662 delitos del fuero común en Baja California Sur.
