México es uno de los países más peligrosos a nivel mundial para defender derechos humanos, denunciaron organizaciones de la sociedad civil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De acuerdo con las cifras expuestas, entre enero de 2022 y septiembre de 2026, 103 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas y otras 10 permanecen desaparecidas en México; de los 113 casos, el 96.5 por ciento continúa en la impunidad y únicamente cuatro cuentan con sentencia condenatoria.
“Los ataques no alcanzan una respuesta judicial efectiva, permanecen en la impunidad y favorecen la continuidad de la violencia”, aseguró Marcela de Jesús Natalia, periodista y activista indígena.
En el marco del 179° periodo de audiencias públicas de la Comisión en Panamá, agregó que defender los derechos humanos y ejercer la libertad de expresión puede tener consecuencias letales, sin que existan garantías de justicia.
Recordó su propio caso en el que sobrevivió a un atentado ocurrido el 3 de junio de 2017 en Ometepec, dijo que fue encarcelada injustamente durante más de cinco años y es víctima de desplazamiento forzado como consecuencia de su labor.
Saulo Loya, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, afirmó que siguen siendo insuficientes las acciones del Estado para proteger a esta población, investigar los delitos, y sancionar a los responsables. Recordó que tan sólo ayer, sujetos armados asesinaron al defensor Reynaldo Pérez Pérez, en los Altos de Chiapas.
Compromisos del Estado con los defensores
Alejandro Encinas, representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), aseguró que este asunto se atiende de manera transversal y coordinada mediante la colaboración de diversas instituciones de los distintos órdenes de gobierno en el ámbito local y federal.
Por su parte, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, Andrea Bolaños, indicó que si bien el país muestra avances que son modelos en la región, “enfrenta desafíos significativos para garantizar un entorno seguro y propicio para la labor de las personas defensoras, en particular las indígenas, las buscadoras -muchas de ellas mujeres- y las organizaciones y personas que trabajan en contextos de alta presencia del crimen organizado”.
Derivado de esta situación, las organizaciones exigieron al Estado mexicano adoptar medidas concretas para esclarecer los crímenes, identificar a los responsables materiales e intelectuales y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias.
Por ello, las autoridades asumieron seis compromisos, entre ellos:
- Elaborar un plan nacional para implementar el Protocolo Homologado de Investigación
- Crear un registro de delitos contra personas defensoras
- Establecer una mesa de trabajo para atender los 113 casos documentados por las organizaciones.
También se comprometió a valorar la creación de una fiscalía especializada en agresiones contra personas defensoras, difundir el protocolo de manera accesible y aceptar el apoyo de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos.
“La Comisión es muy consciente de que cuanto mayores son los poderes políticos y económicos afectados por las personas defensoras, mayores son los peligros que ellas enfrentan”, afirmó la comisionada y relatora para México de la CIDH, Andrea Pochak.
