El Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó la reforma constitucional que fija un límite máximo infranqueable a las pensiones y jubilaciones del personal de confianza en el sector público.
La modificación aprobada por la XVII Legislatura establece que los ingresos por retiro en dependencias estatales y municipales no pueden rebasar el 50 por ciento del sueldo de la Presidencia de la República.
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¿Quiénes son los pensionados y jubilados que tienen un tope máximo a sus ingresos en Baja California Sur?
La resolución emitida por el Congreso del Estado de Baja California Sur regula los montos de retiro financiados con recursos del erario dentro de dependencias paraestatales, descentralizadas y fideicomisos públicos.
El marco normativo remitido originalmente por la Cámara de Diputados aplica restricciones específicas a la nómina de jubilados:
- El personal de confianza de empresas públicas, organismos descentralizados y fideicomisos estatales o municipales no puede percibir más del 50 por ciento de la remuneración asignada a la titularidad del Ejecutivo Federal.
- Las Fuerzas Armadas quedan totalmente excluidas de esta restricción al mantener sus esquemas constitutivos especiales.
- Las aportaciones voluntarias dirigidas a cuentas individuales de ahorro para el retiro y fondos sindicales complementarios conservan su independencia sin sufrir recortes.
¿Por qué el Congreso del Estado y la Cámara de Diputados fijaron este tope a los ingresos del sector público?
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, Eduardo Van Wormer Castro, junto a la diputada Teresita Valentín, expusieron que la medida busca eliminar cobros desproporcionados en las cúpulas del servicio paraestatal. El precepto legal armoniza los artículos 127 y 134 de la Constitución para asegurar la sostenibilidad de los presupuestos estatales y municipales en Baja California Sur.
La reestructuración constitucional protege los fondos públicos contra cobros excesivos sin vulnerar los derechos laborales ordinarios. La resolución de la XVII Legislatura consolidó el tope salarial en el sistema de pensiones del estado.
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