República MX: amenaza a los ahorros de los mexicanos
El financiamiento del gobierno mexicano para 2026 se basa en tres pilares: endeudamiento récord para obras prioritarias, impuestos y la búsqueda de las afores
El Paquete Económico 2026 y las maniobras legislativas recientes confirman una estrategia gubernamental agresiva para obtener liquidez, hipotecando el futuro del país.
El gobierno no solo está impulsando un nivel de endeudamiento histórico para cubrir el costo de sus megaproyectos y el gasto social, sino que también está recurriendo a dos fuentes directas de financiamiento que impactan al ciudadano: la ampliación de la cauda tributaria mediante impuestos regresivos al consumo y, la más alarmante, la iniciativa para disponer de los recursos inactivos de las Afores.
Esta última acción, vista como una flagrante violación a la certeza del ahorro privado, consolida una percepción de desesperación fiscal donde el Estado está dispuesto a pasar por alto la propiedad individual para financiar su agenda.
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Obras, deuda Récord y la necesidad de dinero inmediato
La consolidación del gasto en infraestructura y programas sociales en el Presupuesto 2026 ha llevado al gobierno a impulsar un nivel de endeudamiento sin precedentes. Se estima que el costo financiero de la deuda alcanzará alrededor de $1.57 billones de pesos, una cifra histórica que supera el gasto combinado en Educación y Salud, dejando a las generaciones futuras una pesada hipoteca.
Ante esta presión de gasto, el gobierno ha puesto su mirada en dos fuentes directas de ingresos que recaen sobre la ciudadanía:
- IEPS al Consumo: La ampliación de la cauda tributaria mediante el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se traduce en un impuesto casi duplicado a refrescos y bebidas azucaradas (pasando a $3.08 pesos por litro), nuevos gravámenes a videojuegos violentos y aumentos a tabaco y apuestas. Estos impuestos indirectos buscan compensar la necesidad de liquidez y son criticados por su efecto regresivo en la economía familiar.
- El “Manoteo” a las Afores: La iniciativa legislativa más polémica busca la transferencia de los recursos de las Afores correspondientes a cuentas inactivas y no reclamadas (aquellas de trabajadores mayores de 70 años) a un fondo bajo control estatal. La justificación es que estos recursos se utilizarán para un fondo de pensiones de “bienestar”, pero la oposición y las cámaras empresariales lo han calificado como un “asalto” o “expropiación” a los ahorros de los trabajadores, generando una profunda zozobra institucional y poniendo en entredicho la seguridad del sistema de ahorro para el retiro.
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