La decisión de permitir a la UIF congelar cuentas sin orden judicial desata alarma por sus implicaciones legales y económicas. Se advierte una vulneración a la propiedad privada y a la presunción de inocencia, además del riesgo de arbitrariedad y uso político. El fallo podría afectar la inversión, el empleo y profundizar el deterioro del Estado de Derecho en México.
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