Mientras el gobierno defiende el Plan B como una medida para reducir gastos y eliminar privilegios, surgen cuestionamientos sobre su origen, falta de consensos y posibles efectos en la democracia. A diferencia de reformas históricas que buscaron fortalecer las instituciones, el debate actual gira en torno a si estos cambios representan un avance o un riesgo para el sistema electoral en México.
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