Huachicol fiscal y crimen organizado: Nuevas rutas, viejas complicidades

El reciente descubrimiento de una red de contrabando ligada al huachicol fiscal ha sacudido el panorama de seguridad en México, no solo por la magnitud de los decomisos y detenciones, sino porque abre un debate incómodo sobre la relación entre crimen organizado y estructuras del poder político y económico. ¿Qué significa realmente que se desarticule una operación de este tamaño? La respuesta va más allá de la anécdota: nos recuerda que ningún entramado criminal de gran escala puede subsistir sin cierto grado de complicidad o tolerancia por parte del Estado, ya sea a nivel local, regional o nacional.

En este contexto, surge la pregunta sobre si la estrategia contra el crimen organizado ha cambiado de manera sustancial, o si lo que observamos es únicamente una mutación de los negocios ilegales. Los cárteles entendieron hace tiempo que la gasolina robada es apenas una arista del problema y han diversificado su portafolio criminal hacia mercados más rentables y de menor riesgo relativo: la trata de personas, el fentanilo —la droga más mortífera de la última década—, y la minería ilegal de tierras raras, insumos fundamentales para la industria tecnológica mundial. Estos rubros generan ganancias multimillonarias y al mismo tiempo consolidan estructuras logísticas que les permiten mantenerse como actores de poder paralelo.

Pero no se trata únicamente de un fenómeno interno. La presión de Estados Unidos es cada vez más visible. El vecino del norte observa con alarma el flujo constante de drogas y actividades ilícitas que cruzan la frontera, al grado de que incluso el expresidente Donald Trump ha señalado en reiteradas ocasiones que “el gobierno de México está controlado por el crimen organizado”. Sus declaraciones, aunque con una clara carga política, encuentran eco en la percepción de amplios sectores que ven en estas redes criminales no solo un problema de seguridad, sino un factor que debilita la confianza en las instituciones mexicanas.

El debate es complejo: ¿es cierto que el crimen organizado tiene capacidad de infiltración a ese nivel o se trata de una exageración discursiva para fines electorales y de presión diplomática? Lo innegable es que los hallazgos como esta red de huachicol fiscal obligan a replantear la discusión pública. ¿Estamos avanzando realmente en la construcción de un Estado de derecho sólido, capaz de combatir estas estructuras, o seguimos atrapados en una espiral donde los golpes mediáticos sustituyen a una estrategia integral?

Lo que está en juego no es solo el control de los mercados ilícitos, sino la credibilidad del sistema político, la confianza de la ciudadanía y la capacidad de México para responder tanto a sus desafíos internos como a la presión internacional.