Variables a considerar para impulsar a la industria de la construcción en 2026

La industria de la construcción en México se encuentra en una encrucijada decisiva que no solo refleja los números en rojo de los últimos meses, sino que también anticipa un 2026 lleno de retos estructurales, financieros y políticos. Los datos más recientes confirman una tendencia preocupante: hasta julio se registró una caída del 1.1% en el sector, con la obra civil desplomándose a doble dígito negativo, un reflejo claro de que las bases que deberían sostener a la industria están debilitadas. La raíz de este problema está en la fragilidad de las finanzas públicas y en la drástica disminución de la inversión pública, un motor histórico de la construcción en nuestro país. Sin este impulso, la capacidad del sector privado, aunque activa y con intentos de respuesta, resulta insuficiente para revertir el deterioro.

La situación no puede comprenderse sin analizar el contexto político: desde finales de 2023, el ciclo electoral detuvo decisiones estratégicas de inversión y priorización de proyectos, dejando a la construcción en pausa y profundizando su vulnerabilidad. Lo que en un inicio parecía un bache temporal se convirtió en una tendencia negativa sostenida que, en ausencia de cambios de política económica o de estímulos significativos, amenaza con prolongarse más allá de 2025. De hecho, los pronósticos ya advierten que en 2026 tampoco habrá un repunte sólido, dado que el nuevo gobierno enfrentará una capacidad fiscal muy limitada para impulsar grandes obras de infraestructura, al mismo tiempo que se acumulan retos pendientes en carreteras, transporte, energía y vivienda.

Otro aspecto a considerar es la heterogeneidad entre estados. Mientras algunas entidades con mayores recursos o dinámicas propias logran amortiguar la caída, el panorama general sigue siendo desfavorable. Jalisco, Nuevo León, Querétaro y algunas zonas turísticas del sureste muestran matices de resistencia gracias al sector privado, pero esas excepciones no cambian la fotografía nacional. La mayoría de las regiones enfrenta rezagos graves, sobre todo en obra pública, que históricamente había sido el principal sostén del empleo y de la derrama económica vinculada a la construcción.

El 2026, lejos de ser un año de recuperación automática, aparece como un periodo de transición y enormes desafíos. No solo se trata de la falta de recursos presupuestales, sino también de la necesidad de restablecer la confianza en la inversión, generar certidumbre política y corregir distorsiones acumuladas. La industria, que es clave para el crecimiento económico, el empleo y el desarrollo regional, se perfila como un termómetro del rumbo que tomará el país en los próximos años.

En este escenario, los especialistas advierten que será fundamental definir una serie de variables estratégicas: el papel que jugarán los gobiernos estatales y municipales como impulsores de proyectos locales; la capacidad de atraer financiamiento privado nacional e internacional; los incentivos fiscales o esquemas de asociación público-privada que logren compensar la debilidad del gasto federal; el impacto de la inflación en los costos de insumos como acero, cemento y energía; y la presión que ejercerán sectores como la vivienda social, que sigue acumulando rezagos frente a la creciente demanda.

La construcción no solo es una industria más: su desempeño incide directamente en el resto de la economía. Por cada obra suspendida se pierden empleos, cadenas productivas y confianza. Y en un entorno global donde países competidores están invirtiendo fuertemente en infraestructura para estimular su recuperación, México corre el riesgo de rezagarse aún más si no encuentra un rumbo claro. La pregunta central es: ¿logrará el país replantear su estrategia y devolver dinamismo a un sector que históricamente ha sido motor de desarrollo, o estaremos ante un sexenio marcado por la parálisis y las oportunidades perdidas?