La promesa de un México pacífico chocó con una realidad que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no pudo contener: el poder del narcotráfico para desafiar al Estado. El Culiacanazo se convirtió en uno de los episodios más cuestionados de su sexenio y en una de las imágenes más contundentes de los límites de su estrategia de seguridad.
En 2019, las fuerzas federales detuvieron a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, pero terminaron liberándolo ante la violencia desatada por el grupo criminal.
Mientras el gobierno defendía la política de “Abrazos, no balazos”, hombres armados paralizaron Culiacán y obligaron a las autoridades a dar marcha atrás.
A siete años de aquel episodio, la recaptura de Ovidio y la crisis de violencia que continúa golpeando a Sinaloa reabren una pregunta incómoda: ¿qué dejó la estrategia de seguridad de AMLO frente a organizaciones criminales que demostraron tener capacidad para desafiar al Estado?
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Culiacanazo de 2019: cuando el gobierno de AMLO liberó a Ovidio Guzmán
El 17 de octubre de 2019, Culiacán vivió una de las jornadas más tensas de su historia reciente cuando fuerzas federales detuvieron a Ovidio Guzmán López, integrante de Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa.
Tras la detención, el operativo desencadenó una violenta reacción criminal, pues hombres armados bloquearon calles, incendiaron vehículos y se enfrentaron con elementos de seguridad; los disparos y las amenazas paralizaron la ciudad, mientras habitantes buscaban refugio y las actividades cotidianas quedaban interrumpidas.
Ante la escalada, el gobierno federal decidió liberar a Guzmán, revelando que dicha decisión evitaba más muertes y protegía a la población y a los integrantes de las fuerzas de seguridad.
Pero la decisión dejó una imagen devastadora para la autoridad: un operativo federal terminó con la liberación de un presunto integrante de alto perfil del narcotráfico después de que el grupo criminal respondiera con una demostración de fuerza.
El Culiacanazo se convirtió así en un símbolo de la vulnerabilidad del Estado frente al crimen organizado; la pregunta ya no era únicamente por qué se había liberado a Ovidio, sino qué mensaje dejaba aquella decisión para las organizaciones criminales y para una población que esperaba que el gobierno pudiera garantizar su seguridad.
“Abrazos, no balazos”: la estrategia de seguridad de AMLO bajo la lupa
López Obrador llegó a la Presidencia con una estrategia que priorizaba atender las causas sociales de la violencia y reducir la confrontación armada.
Su gobierno defendía que combatir las condiciones que favorecen el crimen era fundamental para avanzar hacia la pacificación del país.
No obstante, el Culiacanazo exhibió una de las principales contradicciones de esa apuesta: evitar una confrontación inmediata no necesariamente significa recuperar el control de una situación de violencia ni limitar la capacidad de presión de las organizaciones criminales.
La decisión de liberar a Ovidio Guzmán abrió cuestionamientos sobre los alcances de la política de seguridad y el mensaje que podía dejar ante grupos capaces de recurrir a ataques, amenazas y bloqueos para condicionar la respuesta de las autoridades.
Un balance de México Evalúa sobre la seguridad pública durante el periodo 2018-2024 concluyó que el país terminó con un crimen organizado más extendido y empoderado, además de debilidades institucionales en materia de seguridad y justicia.
Desde una perspectiva crítica, el Culiacanazo se convirtió en una prueba de los límites de la estrategia de AMLO: la promesa de pacificación debía traducirse en mayor protección para la población, pero el episodio mostró que los grupos
Ovidio Guzmán fue recapturado en 2023, pero la violencia no terminó
El 5 de enero de 2023, las autoridades mexicanas volvieron a detener a Ovidio Guzmán durante un operativo en Sinaloa. La captura provocó nuevos enfrentamientos, bloqueos y afectaciones a las actividades de Culiacán, incluido el cierre temporal del aeropuerto.
Esta vez, el gobierno mantuvo detenido al hijo de “El Chapo” y en septiembre de 2023 fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentaba acusaciones relacionadas con el narcotráfico, incluido el tráfico de fentanilo.
La recaptura marcó una diferencia respecto a 2019: las autoridades lograron detenerlo y trasladarlo fuera del país; sin embargo, la detención de un líder no desmantela automáticamente las redes criminales ni garantiza que desaparezcan sus estructuras armadas.
La persistencia de la violencia en Sinaloa mostró que el problema iba más allá de una sola captura, pues las disputas entre facciones, el control de territorios y las redes criminales continuaron representando un desafío para las autoridades y un riesgo para la población.
Homicidios en Sinaloa: casi 6 mil asesinatos entre 2019 y 2025
La dimensión de la crisis se refleja en las cifras de homicidios dolosos; de acuerdo con los registros de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, entre 2019 y 2025 se contabilizaron 5 mil 939 homicidios dolosos.
El acumulado incluye años del gobierno de AMLO y del periodo posterior, por lo que no debe atribuirse íntegramente a un solo presidente.
El dato que más preocupa es el repunte de los años recientes, ya que Sinaloa cerró 2025 con mil 654 homicidios dolosos, la cifra más alta desde 2012.
Violencia en Sinaloa aumenta en 2024
El incremento estuvo relacionado con la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa, que comenzó en septiembre de 2024.
Ese conflicto desató asesinatos, desapariciones, robos de vehículos y enfrentamientos que alteraron la vida cotidiana; familias, comerciantes y habitantes de distintas zonas de la entidad quedaron expuestos a una violencia que se prolongó durante meses.
En septiembre de 2025, al cumplirse un año del estallido de la disputa, el Consejo Estatal de Seguridad Pública reportó mil 828 homicidios dolosos y 2 mil 390 desapariciones durante los doce meses anteriores.
Las cifras reflejaron la magnitud de una crisis que no se limitó a enfrentamientos entre grupos criminales, sino que golpeó directamente a la población.
La violencia tampoco desapareció con el cierre de ese año, pues entre enero y agosto de 2026, Sinaloa acumuló otros 866 homicidios dolosos, de acuerdo con cifras oficiales difundidas en ese periodo.
Aunque las autoridades reportaron una reducción del promedio diario frente a los meses más violentos de 2025, el estado seguía registrando cientos de asesinatos.
La reducción de un indicador no significa que la crisis haya terminado, pues los homicidios, las desapariciones y el temor a quedar atrapado en un enfrentamiento siguen siendo parte de la realidad que enfrentan numerosas comunidades sinaloenses.
A 7 años del Culiacanazo, la pregunta sigue abierta: ¿fue suficiente una estrategia que apostó por reducir la confrontación directa cuando los grupos criminales continuaban utilizando la violencia para imponer su poder? Para sus críticos, el episodio resume el fracaso de “Abrazos, no balazos”: una promesa de paz que no consiguió contener el desafío del narcotráfico ni evitar que Sinaloa volviera a quedar atrapado en una crisis de violencia.
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