República MX: la red de corrupción de Adán Augusto y el impacto de las denuncias
La red de corrupción del senador Adán Augusto López, operada a través de sus socios Fernando y Carlos Padilla de Grupo Cosei, ha sido expuesta mediante videos.
Adán Augusto López Hernández, se consolida como el protagonista de un escándalo de corrupción que crece bajo el blindaje del fuero. La revelación de videos filtrados y una ola de denuncias penales ha documentado una sofisticada red de corrupción que opera con contratos públicos a modo y desvío de recursos.
La estrategia es clara: desde sus diversos cargos, el político presuntamente facilita negocios millonarios para sus socios. Lo más alarmante no es el monto del daño, sino la absoluta inacción de las autoridades: la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene un silencio clamoroso, permitiendo que la impunidad se asiente sobre acusaciones de fraude fiscal, desvío de fondos y hasta protección a grupos criminales.
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Corrupción detallada en videos filtrados
Los videos y testimonios filtrados, que involucran directamente a Carlos Padilla, director de relaciones públicas de Grupo Cosei, y a su socio Fernando Padilla, han revelado un presunto esquema de corrupción, lavado de dinero y defraudación fiscal. La operación, diseñada por Adán Augusto López, se basa en el tráfico de influencias a partir de sus diversos “cotos de poder” como la gubernatura de Tabasco, la Secretaría de Gobernación y la coordinación senatorial de Morena.
El modus operandi implica que López Hernández conecta a clientes y socios con las empresas de los Padilla, como F Medical (proveedora de unidades médicas móviles) y Aspen Construcciones, las cuales obtienen contratos gubernamentales a cambio de comisiones. La red presume acceso directo e influencia sobre 15 gobernadores e incluso sobre el titular del SAT, garantizando su impunidad.
Las 37 denuncias penales y el silencio institucional
A las revelaciones de la red se suma una acción legal concreta: el pasado 20 de octubre, la diputada suplente del PAN, María Elena Pérez-Jaén, presentó 37 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) de la FGR. Estas acusaciones se basan en auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de los ejercicios fiscales 2019 y 2020, y documentan un presunto daño al erario de casi 800 millones de pesos durante la gestión de López Hernández como gobernador de Tabasco.
El legislador morenista ha minimizado las acusaciones, calificándolas de “campañita” y asegurando que ha explicado el origen de su patrimonio. Sin embargo, pese a la gravedad de las denuncias, el fuero constitucional lo mantiene intocable, y la Fiscalía ha guardado un silencio absoluto, sin siquiera iniciar una solicitud de desafuero, un reflejo de la protección política que recibe el senador.
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