El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya comenzó a mover sus piezas rumbo a las elecciones intermedias y, al parecer, no quiere que una posible derrota lo tome por sorpresa.
A pocos días de que los estadounidenses acudan a las urnas, el mandatario ha cuestionado las condiciones del proceso electoral e impulsado acciones legales que podrían abrir la puerta a futuras impugnaciones.
La disputa no es menor, pues los republicanos se juegan el control del Congreso y el resultado podría cambiar el rumbo de la segunda administración de Trump. ¿Se trata de una estrategia para garantizar elecciones transparentes o de preparar el terreno para desconocer una derrota?
Las acciones legales de Trump para cuestionar las elecciones intermedias
Una de las principales muestras de esta estrategia se encuentra en Alaska, donde el Departamento de Justicia presentó una demanda para evitar que se certifique el resultado de la elección al Senado si el republicano Dan Sullivan pierde frente a la demócrata Mary Peltola.
¿El motivo? En la boleta electoral aparecen dos candidatos con nombres muy similares: el actual senador Dan S. Sullivan y Daniel J. Sullivan Jr., un maestro jubilado que también busca ocupar ese puesto.
La administración Trump considera que esta coincidencia podría confundir a los votantes y provocar que algunos elijan por error al segundo candidato, en lugar de apoyar al senador republicano.
El propio presidente reconoció que pidió presentar la demanda y señaló a Mary Peltola por una presunta estrategia para restarle votos a Sullivan; sin embargo, la candidata demócrata ha rechazado las acusaciones y no se ha demostrado que haya cometido alguna irregularidad.
Con esta acción, el gobierno federal busca que, si Sullivan pierde y existe evidencia de que la confusión entre los nombres cambió el resultado, la certificación de la elección pueda detenerse mientras se investiga lo ocurrido.
Departamento de Justicia también busca acceder a los registros electorales
El caso de Alaska no es el único movimiento de la administración Trump; el Departamento de Justicia también ha emprendido acciones legales contra cerca de 30 estados y Washington D. C. para obtener sus registros electorales completos.
Estos documentos contienen información de las personas inscritas para votar, por lo que el gobierno federal argumenta que necesita revisarlos para detectar posibles registros irregulares y garantizar que solamente las personas que cumplen los requisitos puedan participar en las elecciones.
Uno de los casos más recientes ocurrió en California, el 15 de octubre de 2026, el Departamento de Justicia presentó una demanda contra las autoridades estatales al asegurar que más de 20 mil personas que presuntamente no son ciudadanas estadounidenses aparecen en el padrón electoral.
El gobierno de Trump sostiene que estas personas podrían estar registradas para votar en elecciones federales, aunque aclaró que su análisis inicial todavía estaba en revisión.
La disputa surge porque las autoridades estatales no aceptaron entregar la información ni separar las boletas relacionadas con las personas señaladas por el gobierno federal.
De esta manera, Trump mantiene abiertos varios frentes legales relacionados con la organización de las elecciones, los registros de votantes y la validez de algunas boletas.
¿Qué se juega Trump en las elecciones intermedias de Estados Unidos?
Detrás de estas disputas también existe un interés político: los republicanos podrían perder el control del Congreso, lo que complicaría los planes del presidente para los siguientes dos años de gobierno.
Las elecciones intermedias, conocidas como midterms, se celebrarán el próximo 3 de noviembre de 2026; en ellas se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 lugares del Senado.
Actualmente, los republicanos mantienen una mayoría en ambas cámaras, aunque en la Cámara de Representantes su ventaja es muy reducida.
Si los demócratas consiguen suficientes victorias para quedarse con el control de alguna de ellas, podrían bloquear iniciativas de Trump, rechazar proyectos legislativos y aumentar las investigaciones sobre las decisiones de su administración.
Esto no significa que el presidente perdería automáticamente sus facultades, pero sí tendría mayores dificultades para impulsar su agenda y conseguir el respaldo del Congreso.
El antecedente de 2020 que vuelve a encender las alertas
Las recientes acciones del presidente también recuerdan lo ocurrido en las elecciones de 2020, cuando Trump perdió frente al demócrata Joe Biden y se negó a reconocer su derrota.
En aquella ocasión, el republicano difundió acusaciones de fraude electoral y presionó a funcionarios para intentar revertir los resultados, pese a que sus señalamientos no demostraron irregularidades capaces de cambiar al ganador.
La disputa llegó hasta el 6 de enero de 2021, cuando sus simpatizantes irrumpieron en el Capitolio mientras el Congreso se preparaba para certificar la victoria de Biden.
Ahora, a pocos días de una nueva jornada electoral, las acciones de su administración vuelven a generar preocupación sobre la posibilidad de que se cuestione la legitimidad de los resultados si los republicanos pierden.
Aunque Donald Trump sostiene que sus medidas buscan proteger la transparencia electoral, la controversia ya está sobre la mesa: su gobierno está impulsando disputas legales antes de que los ciudadanos acudan a votar.
