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Ultimátum a Bill Clinton: Republicanos inician proceso de desacato tras negarse a declarar sobre el caso Epstein

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, liderado por los republicanos, ha iniciado formalmente los procedimientos para declarar en desacato al Congreso al expresidente Bill Clinton y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton

La tensión estalló este martes cuando los Clinton no se presentaron a sus deposiciones programadas en el Capitolio. A través de una carta de ocho páginas, sus abogados argumentaron que las citaciones son “legalmente inválidas” y acusaron al presidente del comité, James Comer, de orquestar un circo mediático diseñado “literalmente para resultar en nuestro encarcelamiento”.

Los republicanos, sin embargo, sostienen que tienen preguntas legítimas sobre las 17 visitas documentadas de Epstein a la Casa Blanca durante la presidencia de Clinton y los viajes de este en el avión privado del financiero.

¿Por qué Donald Trump no es citado si también conocía a Epstein?

Esta es una de las principales críticas de los demócratas y del equipo legal de los Clinton. James Comer explicó que el comité no intentará obligar al presidente Donald Trump a testificar, argumentando que existen precedentes legales y constitucionales que protegen a un presidente en funciones (o ex presidentes en ciertos contextos, según la defensa de Trump en 2022) de ser forzado a declarar ante el Congreso. Los demócratas denuncian esto como un doble rasero, dado que Trump también apareció en documentos recientes relacionados con Epstein.

¿Qué consecuencias reales podría enfrentar Bill Clinton?

El desacato al Congreso es un delito federal que puede conllevar multas y penas de prisión de hasta un año. Sin embargo, procesar a un expresidente es un territorio legal inexplorado y complejo. Históricamente, el Departamento de Justicia tiene discreción sobre si proceder o no con la acusación formal, incluso si la Cámara vota a favor. El enfrentamiento actual promete una batalla constitucional sobre los límites del poder investigativo del Congreso frente a la rama ejecutiva.