Se recordó un episodio de la campaña presidencial de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador respondió en tono de burla a las acusaciones sobre una supuesta intervención rusa a favor de su candidatura, llamándose a sí mismo “Andrés Manuelovich”. Lo que entonces parecía una broma política, ahora regresa como una propuesta legislativa seria, ya que Morena plantea modificar la Constitución para permitir que una elección pueda anularse si existe intervención extranjera.
La reforma busca modificar el Artículo 41 constitucional y diversas disposiciones de la legislación electoral para agregar una cuarta causal de nulidad electoral. Actualmente, las causales reconocidas son el uso de recursos ilícitos, el rebase de gastos de campaña y la compra indebida de publicidad. La nueva causal establecería que una elección podría anularse cuando gobiernos, organizaciones o individuos extranjeros “intervengan” o “incidan” de manera determinante en el proceso electoral.
El principal problema señalado es la enorme ambigüedad de conceptos como “influir” o “incidir”. La iniciativa no define claramente qué constituye una intervención extranjera, lo que abre la puerta a interpretaciones extremadamente amplias. Prácticamente cualquier acción podría ser considerada influencia: desde declaraciones públicas de líderes internacionales, publicaciones en redes sociales, campañas digitales, hackeos o presiones económicas y diplomáticas, hasta visitas de funcionarios extranjeros.
El concepto es tan amplio que la reforma podría convertirse fácilmente en un instrumento político para impugnar elecciones incómodas para el oficialismo.
Otro punto central es la desconfianza hacia las instituciones encargadas de aplicar esta nueva causal. El Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral han perdido independencia frente al poder político. En este contexto, se teme que una causal tan abstracta permita anular elecciones mediante criterios discrecionales o políticamente dirigidos. Esta reforma podría abrirse a una nueva etapa de mayor intervención política en los procesos electorales.
También se aborda otro aspecto polémico de la iniciativa: considerar como causal de nulidad la invasión al territorio nacional, incluso por aire o mar. Esto parece responder indirectamente a las tensiones con Estados Unidos y las operaciones de vigilancia o inteligencia que ese país realiza regularmente cerca del territorio mexicano.
Se califica la iniciativa como una posible “reforma anti-Trump”, ya que el discurso nacionalista y las tensiones diplomáticas podrían mezclarse con disputas electorales internas. Sin embargo, también se advierte que esta estrategia podría volverse contraproducente para México.
Otro tema importante es la incapacidad técnica del Instituto Nacional Electoral para investigar delitos o interferencias internacionales. Se subraya que el INE no es una fiscalía ni un organismo de inteligencia, por lo que dependería de información proporcionada por el gobierno federal o los estados, lo cual fortalecería aún más el control del oficialismo sobre las decisiones electorales.
Se considera que la reforma forma parte de un mismo proceso político: consolidar control sobre las instituciones electorales y judiciales. Se señala que incluso dentro del propio oficialismo existe reconocimiento tácito de errores en la reforma al Poder Judicial, particularmente por la necesidad de crear nuevas comisiones para revisar perfiles y candidaturas judiciales.
