Patricio Ballados analiza el llamado Plan B de reforma electoral impulsado desde el Poder Ejecutivo en México.
Patricio Ballados señala que resulta inusual que una reforma constitucional enviada por el Ejecutivo no haya logrado la mayoría calificada necesaria, ya que en México normalmente este tipo de reformas se negocian previamente para asegurar consensos políticos.
Explica que, a diferencia de reformas electorales anteriores, esta propuesta no surge de un acuerdo entre fuerzas políticas ni de una demanda ciudadana, sino principalmente desde el partido gobernante.
Uno de los puntos centrales discutidos es la revocación de mandato, mecanismo que Ballados considera útil en principio como herramienta de democracia directa, especialmente en periodos presidenciales largos como el mexicano. Sin embargo, advierte que la reforma plantea problemas importantes al permitir que este ejercicio pueda coincidir con procesos electorales federales o estatales, lo que podría influir en otras elecciones al aparecer la figura presidencial en la misma jornada electoral.
También se cuestiona que la Presidenta pueda participar activamente en campaña durante una eventual revocación de mandato, ya que existe una contradicción legal: por un lado se le permitiría promover su permanencia, pero por otro la Constitución prohíbe usar recursos públicos para ello. Esto genera dudas sobre cómo podría hacerse sin utilizar la investidura presidencial, conferencias oficiales o estructura gubernamental.
Otro tema señalado es que esta reforma podría favorecer políticamente al partido en el poder, debido al alto nivel de aprobación presidencial, lo que arrastraría votos en elecciones concurrentes para gubernaturas, legislaturas y otros cargos.
Además, Ballados advierte que el Plan B contiene elementos que afectan el federalismo, porque establece lineamientos sobre el número de diputados locales, gasto municipal y composición de cabildos, limitando decisiones que corresponden a cada estado.
Finalmente, comenta que uno de los temas más delicados que no está suficientemente atendido es el financiamiento ilegal en campañas, especialmente el ingreso de recursos del crimen organizado, ya que esto representa uno de los mayores riesgos para la democracia electoral en México.
