Extorsión: el “impuesto invisible” que frena inversión y limita el desarrollo económico

La extorsión se presenta como un delito con un crecimiento sostenido en la última década, alcanzando incrementos que reflejan la gravedad del problema. Se describe como una amenaza que afecta directamente a empresarios y familias, generando un ambiente de vulnerabilidad constante. La necesidad de una Ley General específica aparece como una propuesta para castigar con mayor severidad este crimen y frenar sus impactos.

Los datos muestran que la mitad de los socios de una organización empresarial han sido víctimas de algún delito. Los principales problemas señalados son robo, delitos en transporte y la propia extorsión. Este panorama coloca a la inseguridad como el factor que más frena la inversión, limitando la capacidad del país para generar confianza y estabilidad en los negocios.

La extorsión es descrita como el “impuesto” más costoso que enfrentan los empresarios. El problema se agrava por la falta de denuncias: la gran mayoría de los casos no se reportan debido al miedo y la desconfianza en las autoridades. Esta situación reduce la posibilidad de combatir de manera efectiva el delito y mantiene a las víctimas en un círculo de vulnerabilidad.

El vínculo entre seguridad, justicia imparcial e inversión se enfatiza como determinante. Sin condiciones de certeza jurídica ni instituciones confiables, no es posible detonar crecimiento económico sostenido. La relación entre estos factores resalta la importancia de fortalecer al Estado de derecho como base de la productividad y el desarrollo.

Las micro, pequeñas y medianas empresas representan más de la mitad del empleo generado en el país. Sin embargo, enfrentan presiones constantes por la informalidad, la falta de acceso a financiamiento y la carga de la extorsión. Estas condiciones limitan su capacidad de crecer y de aportar más empleo, lo que reduce su potencial como motor económico.

El problema de la inseguridad no se limita al ámbito empresarial, sino que impacta a trabajadores y familias. La vulnerabilidad generalizada que produce la violencia inhibe la generación de empleos y provoca un freno en la economía nacional. En este contexto, la exigencia es que los tres niveles de gobierno asuman responsabilidades conjuntas en la protección de la sociedad.

Los hallazgos reflejan que la inseguridad, la extorsión y la falta de condiciones para la inversión están profundamente relacionadas. La atención a estos problemas requiere medidas integrales que fortalezcan a las instituciones, reduzcan la impunidad y ofrezcan garantías a empresarios y ciudadanos. La prioridad es avanzar hacia un entorno más seguro que permita liberar el potencial productivo del país.