Los comerciantes señalan que presuntos extorsionadores les exigen dinero para permitirles trabajar; quienes se niegan enfrentan amenazas armadas, además de que temen por su integridad y la de sus familias.
El cobro de piso no solo afecta a los propietarios de los negocios, también perjudica a trabajadores que pierden su fuente de ingresos y a vecinos que ven cómo cierran establecimientos de sus comunidades.
Las víctimas piden la intervención de las autoridades y recuerdan que la extorsión puede reportarse de manera anónima al 089, línea de denuncia ciudadana.




