Ricardo Raphael
«Les encanta hacer novelas por allá». Así respondió el secretario de Salud de Tabasco, Alejandro Calderón Alipi, cuando se le preguntó por los contratos que la Unidad de Investigación de Azteca Noticias documentó en su dependencia. Luego subió a su automóvil y cerró la puerta de golpe. Unos minutos antes, el gobernador Javier May había dicho que lo publicado «es falso, es mentira» y que en su gobierno «hay transparencia, se acabó la corrupción». Cuando se le interrogó por qué esos contratos se entregaron por adjudicación directa, contestó: «Sin comentarios».
Ninguno de los dos señaló un dato, un contrato o una empresa equivocados.
Si en esta historia hay ficción, está en otra parte. Está en la palabra que el gobierno de Tabasco usa para no licitar.
La Ley de Adquisiciones permite saltarse el concurso por «caso fortuito o fuerza mayor» solo cuando ocurre algo imprevisible, una inundación, por ejemplo, que impide comprar a tiempo por la vía ordinaria. Su reglamento exige probar un «nexo causal directo» entre ese hecho y la imposibilidad de licitar. Es una puerta de emergencia. En Tabasco se volvió la puerta principal.
Entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, el gobierno estatal adjudicó 137 contratos alegando «urgencia» o «caso fortuito», por 428 millones de pesos. La Secretaría de Salud concentra 107 de ellos, por 382 millones. Solo entre el 10 y el 31 de diciembre de 2024, esa dependencia firmó así 19 contratos por 140 millones.
¿Cuáles fueron las emergencias? Los expedientes no lo dicen. Donde hay justificación publicada, no se describe ningún hecho fortuito: se invocan necesidades que cualquier área administrativa conoce con meses de anticipación. Y el orden de los papeles también delata: 15 contratos, por 72.9 millones, se subieron al sistema cuando ya habían terminado; 22 se publicaron con más de 30 días de retraso, uno de ellos con 104 días. Una urgencia que se documenta después de consumada no es una urgencia: es un mero trámite a cumplir.
Peor aún es lo que no está. En cuatro expedientes de ComprasMX, el sistema oficial de compras públicas, la fila que debería contener la justificación de la excepción descarga el oficio de adjudicación: el mismo archivo, idéntico. Ningún contrato firmado está publicado. Con lo que el gobierno de May pone a disposición de la ciudadanía no se puede saber por qué esos contratos no se licitaron. Eso, y no otra cosa, es lo contrario de la transparencia.
El caso de la fumigación contra el dengue ilustra el método. En diciembre de 2024, la Secretaría de Salud declaró una emergencia para combatir al mosquito. Los datos oficiales de la Secretaría de Salud federal muestran que, para entonces, los casos llevaban tres meses bajando. La temporada alta del dengue en Tabasco va de junio a octubre.
Aun así, la misma lista de insecticidas, en las mismas cantidades, se adjudicó cuatro veces en menos de un mes, por 81.3 millones de pesos y a precios que van de 6.1 a 42.4 millones. Dos de esos contratos fueron para Priego Fumigaciones, empresa cofundada por la esposa de un subsecretario del gobierno estatal. Los otros dos fueron para Hugo Miguel Vignola Palma, a quien Salud le adjudicó en total 35.4 millones por «caso fortuito».
Hasta poco antes, Vignola le vendía al gobierno café, galletas, refrescos y papelería. Según el Registro Público de Comercio, en abril de 2025, con uno de esos contratos vigente, era accionista, junto con el senador Adán Augusto López Hernández, de Corporación Inmobiliaria Villahermosa. Esa sociedad es una coincidencia que el gobierno de Tabasco y el propio senador deberían explicar.
El patrón no se agota en la fumigación. Grupo AR, con contratos por más de 15 millones, tiene como comisario al apoderado legal de la financiera de Jorge Amílcar Olán Aparicio, señalado como operador financiero de la red ligada a Andy y Gonzalo López Beltrán. En Vicorca, con más de 20 millones, un socio con el 40% es también apoderado de esa misma financiera. Son vínculos que se repiten y que el gobierno de Tabasco no ha explicado.
El contrato más grande por esta vía es todavía más elocuente. En junio de 2026, Salud entregó a la empresa Kardiologen el servicio integral del banco de sangre del estado, por hasta 204 millones de pesos, sin licitación. La justificación dice que el presupuesto se autorizó el 19 de mayo y que, con «los tiempos tan justos», ya no se podía concursar.
Las bases de la misma invitación dicen otra cosa: la Secretaría de Finanzas autorizó los recursos el 2 de enero. Y la Secretaría preparaba la compra desde marzo: el anexo técnico está fechado el 31 de ese mes y el estudio de mercado se hizo del 1 al 9 de abril. Ninguna de las seis empresas que cotizaron en ese estudio fue invitada al concurso. Sin embargo, Kardiologen, que no cotizó, ganó.
Hay algo más. Según su acta constitutiva, uno de los cuatro socios fundadores de Kardiologen, con el 25%, y además su apoderado general, es el médico Gerardo Payró Ramírez, quien, de acuerdo con su currículum público, es jefe de Cardiología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán desde marzo de 2023. La ley prohíbe contratar con empresas de servidores públicos.
Nada de esto requiere imaginación. Requiere leer lo que el propio gobierno firmó. Preguntar por ello no es escribir novelas: es el trabajo elemental del periodismo, y responder es una obligación de quien administra dinero público.
El problema de fondo es político. Una adjudicación directa no es, por sí sola, un delito. Pero cuando la excepción se vuelve regla, cuando las justificaciones no aparecen o aparecen vacías y cuando los ganadores comparten vínculos con el propio gobierno, la carga de la prueba cambia de lado. Ya no le toca a la prensa demostrar que algo está mal; le toca al gobierno demostrar que todo está bien. Y para eso no bastan las frases. Se requieren los documentos que hoy se niegan a publicar.
La transparencia no se declara en una conferencia ni se defiende con un portazo. Se demuestra publicando el dictamen que justifica cada excepción, el contrato firmado y la razón por la que no hubo concurso. Si el gobernador y su secretario tienen esos papeles, basta con subirlos a ComprasMX. Mientras eso no ocurra, la urgencia permanente seguirá siendo la mejor coartada para gastar sin competencia.
