Dicen que Tabasco es el laboratorio de la Cuarta Transformación. Si así fuera, conviene mirar con cuidado lo que ahí se ensaya: un gobierno sin contrapesos, una oposición testimonial y una manera de gastar el dinero público que se explica mejor con las páginas de sociales que con los expedientes de compras.
Javier May ganó la gubernatura en 2024 con más del 80 por ciento de los votos. Morena se llevó todos los distritos locales de mayoría y, con sus aliados, trece de los diecisiete municipios. En el Congreso local nadie tiene incentivos para preguntar cómo se gasta, y en los municipios nadie tiene fuerza para exigirlo. Cuando el poder no le rinde cuentas a nadie, la urgencia se vuelve un método.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
Eso muestran los contratos que firmó la Secretaría de Salud de Tabasco a partir de octubre de 2024, cuando llegó a dirigirla Alejandro Calderón Alipi. Calderón venía del IMSS-Bienestar y, antes, de las compras de medicamentos del INSABI. Su hermano César es socio de Amílcar Olán, de acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Olán es el empresario tabasqueño al que la prensa describe como operador financiero de los hijos de López Obrador; fue denunciado ante la FGR junto con Andy López Beltrán, aunque la Fiscalía y Hacienda niegan investigarlo.
Con el nuevo secretario, tres empresas sin historia relevante cambiaron de suerte.
La primera es Priego Fumigaciones. En seis años nunca tuvo un contrato público de más de un millón de pesos; en diciembre de 2024 obtuvo dos, sin concurso, por hasta 48.5 millones. La fundaron Rommy Cano Quintero y Rafael Antonio Priego Rodríguez. Ella se casó en 2017 con Arturo Enrique Priego, hoy subsecretario en la Secretaría de Obras que encabezaba Daniel Casasús, amigo de infancia de Andy López Beltrán. Según MCCI, un hermano de Arturo Enrique, Jaime Augusto, firmó como representante legal de Romedic, la proveedora de medicinas ligada a Olán.
Lo extraordinario no son los apellidos, sino los papeles. El 11 de diciembre, Salud pidió con urgencia seis insecticidas contra el mosquito del dengue y se los adjudicó a Priego por 6.1 millones. Siete días después pidió exactamente los mismos productos, en las mismas cantidades, y volvió a dárselos a la misma empresa, ahora por 42.4 millones. Una compra se registró como «servicios integrales»; la otra, como «fumigación». Ninguno de los expedientes tiene publicada la justificación de la urgencia.
¿Cuál urgencia? Según Novedades de Tabasco, el propio Calderón Alipi declaró al cierre de 2024 que los casos de dengue se habían desacelerado; la gran epidemia había ocurrido en la primera mitad del año. Aun así, el segundo contrato equivale a unos tres millones de pesos por cada día de fumigación entre el 18 y el 31 de diciembre, y supera en más del doble la suma de todos los demás contratos de fumigación de Salud Tabasco entre 2020 y 2026. Esos mismos días, otro proveedor recibió una fumigación urgente por 335 mil pesos.
La segunda empresa es Grupo AR, una transportista de Comalcalco con un solo contrato público en nueve años. En septiembre de 2024 sus dueños la vendieron completa por 100 mil pesos en efectivo; el nuevo administrador tenía 20 años y la empresa agregó a su giro la vigilancia. Tres meses después, el 23 de diciembre, Salud le adjudicó por urgencia nueve días de vigilancia por 5.39 millones: unos 599 mil pesos diarios. Tres semanas más tarde, su comisario, Jesús Medina Córdova, aparece como apoderado de JAOA Corporativo, la financiera que Amílcar Olán constituyó en enero de 2025. Hasta julio de 2025, Grupo AR sumó contratos de Salud por hasta 15.1 millones.
La tercera es Vicorca, una empresa de Teapa que no registró contratos federales entre 2010 y 2023. Ese último año amplió su giro a la limpieza de hospitales, y su socio Armando Carrillo Peregrino pasó del 1 al 40 por ciento de las acciones. Carrillo es el otro apoderado de JAOA, la financiera de Olán, y fue quien tramitó ante notario la compra de Grupo AR. El mismo 23 de diciembre, Vicorca obtuvo por urgencia la limpieza de 39 inmuebles de Salud por 9.1 millones. El dictamen que lo justifica no describe ninguna emergencia: invoca los protocolos de la pandemia de covid, dice que el servicio es para enero y febrero de 2025 y recuerda la obligación de devolver a la Tesorería el dinero federal que no se gaste antes del 31 de diciembre. Vicorca ganó la investigación de mercado por 50 centavos.
En julio de 2025, en una invitación para limpieza, el acta de apertura registró una propuesta a nombre de Grupo AR, que no estaba invitada. Vicorca cotizó en cada partida exactamente ese precio más 16 por ciento; la tercera participante, ese mismo precio más 8.57. Las otras dos propuestas se desecharon por papeles y ganó Vicorca.
Sumadas, las tres empresas obtuvieron de Salud contratos por hasta 84 millones de pesos. El patrón es elocuente: empresas viejas y vacías que cambian de dueños y de giro, urgencias de fin de año, cotizaciones que son múltiplos exactos y los mismos operadores alrededor de la misma financiera.
Si los hechos se comprobaran, estaríamos ante uso abusivo de atribuciones, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público y peculado. Toca a la Secretaría de Salud, a Calderón Alipi y a las empresas explicar por qué la urgencia y por qué esos montos. Toca al órgano de fiscalización de Tabasco y a la Auditoría Superior de la Federación revisar estos expedientes, porque al menos una parte del dinero era federal, como reconoce el propio dictamen de Vicorca. Y toca a quienes defienden la Cuarta Transformación preguntarse si este es el futuro que quieren para el resto del país.
El problema de Tabasco no es solo quién se benefició. Es que, en un estado sin contrapesos, nadie dentro del gobierno tenía razones para impedirlo.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.
