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Notimex
20 junio, 2020
Redacción ADN40
Poder

Diputados impugnan acuerdo que permite a militares tareas de seguridad

El 11 de mayo, el AMLO emitió el acuerdo por el que se dispone de las fuerzas armadas para realizar tareas de seguridad hasta el 27 de marzo de 2024.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, presentó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra el acuerdo que permite a la fuerzas armadas realizar tareas de seguridad pública en todo el territorio nacional.

  En un comunicado externó que en mayo de 2019, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas acordaron por unanimidad reformar la Constitución para establecer un nuevo régimen jurídico que permitiera al Estado mexicano resolver la crisis de seguridad pública.

Esta reforma creó un nuevo cuerpo policial, la Guardia Nacional, como una institución de carácter civil, disciplinado y profesional.

Además, establece un mandato para fortalecer las policías locales y faculta al Presidente de la República para disponer, excepcional y temporalmente, de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública en el país, de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, hasta en tanto se consoliden las capacidades de la Guardia Nacional.

El 11 de mayo de 2020 el Gobierno de México emitió un acuerdo por el que se dispone de las fuerzas armadas para realizar tareas de seguridad pública en todo el territorio nacional, hasta el 27 de marzo de 2024.

“Luego de un cuidadoso análisis, de consultar a especialistas y organizaciones de la sociedad civil, y de tomar en cuenta los pronunciamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, considero que existen razones fundadas para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, mediante una controversia constitucional, revise la constitucionalidad del acuerdo”, explicó en la misiva.

“El propósito de la controversia no es cuestionar la facultad del Presidente para disponer de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, sino asegurar que este cumpla efectivamente con los criterios que establece la Constitución, y con ello asegurar que sus acciones para otorgar seguridad a los mexicanos sean efectivas y estén sólidamente ancladas en la legalidad”, finalizó.

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sga

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