La publicidad oficial representa recursos públicos destinados a difundir campañas, programas y acciones gubernamentales. Su asignación debe responder a criterios transparentes y verificables; cuando se distribuye de manera discrecional, puede generar ventajas económicas para determinados medios y afectar la pluralidad informativa.
Los periodistas señalan que la relación entre el gobierno y los medios puede influir en el acceso a contratos de publicidad oficial. La discusión se centra en si los criterios de contratación son objetivos o si favorecen a empresas de comunicación por su cercanía con las autoridades.
Las conferencias matutinas son otro punto de discusión por el uso de espacios oficiales para difundir mensajes y responder a periodistas. Los especialistas plantean que la comunicación gubernamental no debe sustituir el acceso plural a la información ni convertirse en un mecanismo para desacreditar a medios críticos.
