El huachicol fiscal implica pérdidas de ingresos tributarios para el Estado y otros costos económicos que afectan las finanzas públicas del país.
Las consecuencias de esta práctica van más allá de los impuestos no recaudados, por lo que el impacto debe dimensionarse tanto en términos fiscales como económicos, así como sociales y de seguridad.
Uno de los puntos centrales que no se ha tomado en cuenta por las autoridades es el avance de las investigaciones, así como la falta de resultados públicos sobre la posible responsabilidad de personas que ocupan o han ocupado cargos de alto nivel.
