Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, expulsó de su país a una misión de la misión de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, luego de que ésta denunció informó que existe un "alto grado de represión" en las protestas.
Ante la decisión, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñezm, dijo que se trataba de una acción inaudita por parte del gobierno de Nicaragua.
En el informe se señala que existe durante las manifestaciones un "uso desproporcionado de la fuerza por parte la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y obstrucción del acceso a la atención médica".
En el texto agregan las protestas "se han caracterizado por múltiples formas de violencia y de represión, que ha dejado al menos 300 muertos y 2 mil heridos o afectados”.
Por otra parte, el gobierno de Nicaragua expresó que daba por concluida la visita de la misión debido a que "han cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen" a que fueran invitados.
"Este Ministerio comunica que da por concluida la invitación la invitación y finalizada la visita a partir de hoy 30 de agosto de 2018”, informó el canciller nicaragüense, Denis Moncada a través de una carta.
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