Rosemary Márquez, jueza de Estados Unidos, ordenó que continúe la demanda que presentó el gobierno de México contra diversas distribudoras de armas en Arizona, así como que se mantengan vigentes 6 cargos.
La decisión de la jueza establece que se mantengan los señalamientos de negligencia y enriquecimiento ilícito y que se desestimen las acusaciones sobre que las 5 distribuidoras de armas violaron la Ley de Fraude al Consumidor (CFA), la Ley de Organizaciones Criminales y Corruptas (RICO) y la alteración del orden público.
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La administración mexicana agumenta que las distribuidoras "participaron sistemáticamente en el tráfico de armas tipo militar y municiones a cárteles de la droga en México", facilitando ventas a través de intermediarios, ventas al por mayor y ventas repetidas a personas.
Sin embargo las firmas distribuidoras involucradas, Diamondback, SnG Tactical, The Hub, Ammo A-Z y Sprague’s Sports, aseguran que sus ventas estaban protegidas por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), lo cual fue rechazado por la jueza.
El juez encargado del caso establecerá el calendario para continuar con los procedimientos.
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