La crisis migratoria dio pie a una red de transporte irregular que opera bajo condiciones de absoluta opacidad, condicionando el traslado de cientos de personas a pagos que triplican el costo comercial.
Los operadores de estas unidades aprovechan la urgencia de los extranjeros para imponer horarios, rutas de alto riesgo y sobrecupo, operando muchas veces fuera del radar de las autoridades federales.
Esta problemática no solo representa un abuso económico, sino que expone a las familias a accidentes carreteros y posibles delitos al viajar en vehículos que no cuentan con los seguros ni permisos legales requeridos para circular por territorio nacional.
El vacío legal en estas rutas críticas continúa siendo un desafío para las instituciones de seguridad y migración.
