La Iglesia tiene entre sus responsabilidades proteger a los más vulnerables, pero ¿qué ocurre cuando quienes están al frente de sus instituciones guardan silencio ante los abusos? En Polonia, un obispo fue condenado por no informar a las autoridades sobre agresiones sexuales contra menores cometidas por sacerdotes de su diócesis.
Dicha sentencia vuelve a poner bajo la lupa la manera en que la Iglesia enfrenta las denuncias de abuso sexual contra menores. En adn Noticias te contamos qué ocurrió, por qué fue condenado el obispo y qué papel tuvieron los sacerdotes involucrados.
¿Por qué condenaron al obispo Andrzej Jeż en Polonia?
El obispo Andrzej Jeż, responsable de la diócesis de Tarnów, fue declarado culpable el jueves 29 de octubre de 2026 por no informar oportunamente a las autoridades sobre dos casos de abuso sexual contra menores atribuidos a sacerdotes bajo su jurisdicción.
La resolución fue emitida por el Tribunal de Distrito de Tarnów, después de un proceso judicial que se prolongó durante ocho meses.
Se trata de un caso relevante en Polonia, pues representa uno de los primeros procesos penales contra un alto representante de la Iglesia católica por la omisión de denunciar abusos cometidos por integrantes del clero.
La acusación se centró en la demora para notificar a las autoridades sobre los hechos, no en la participación directa del obispo en las agresiones, ya que la justicia determinó que debía responder por no cumplir con su obligación de informar sobre los delitos que presuntamente cometieron dos sacerdotes de su diócesis.
¿Qué se sabe de los sacerdotes involucrados en el caso?
De acuerdo con el posicionamiento publicado por la propia diócesis de Tarnów, uno de los expedientes corresponde al exsacerdote Stanisław P., sobre quien la institución recibió documentación relacionada con posibles abusos sexuales contra menores en 2019.
La curia aseguró que, después de revisar la información y activar sus procedimientos internos, notificó a las autoridades civiles en agosto de 2020; también señaló que el caso ya había sido reportado ante las autoridades de Ucrania y que, según la información que tenía el obispo, una de las víctimas había acudido a la Fiscalía en Polonia desde 2010.
El segundo expediente involucra al sacerdote Tomasz K, la diócesis sostuvo que Jeż tuvo conocimiento de la posibilidad de que una víctima fuera menor de 15 años hasta finales de 2021, por lo que ordenó presentar una denuncia; según su comunicado, el reporte ante las autoridades se realizó el 16 de diciembre de ese año.
Iglesia católica rechaza condena contra obispo y prepara apelación
Lejos de asumir el fallo judicial, la diócesis de Tarnów manifestó su desacuerdo con la condena contra Andrzej Jeż y anunció que sus abogados preparan una apelación.
La institución pretende impugnar la resolución, pese a que el proceso se centró en la demora para informar a las autoridades sobre los abusos sexuales contra menores cometidos por sacerdotes de su propia diócesis.
En su defensa, la Iglesia aseguró que los casos sí fueron notificados y que otras instancias tenían conocimiento de los expedientes.
También expresó su pesar por el sufrimiento de las víctimas; sin embargo, su respuesta pública puso el énfasis en cuestionar la sentencia y defender a su representante.
La situación vuelve a exhibir una contradicción difícil de ignorar: una institución que predica valores morales y protección al prójimo también debe responder cuando sus propios representantes omiten actuar ante delitos contra menores.
¿Qué dice la ley de Polonia sobre denunciar abusos sexuales contra menores?
En Polonia existe una obligación legal de informar a las autoridades cuando una persona tiene conocimiento creíble de determinados delitos sexuales contra menores de 15 años.
La Comisión Estatal para la Investigación de Casos de Abuso Sexual de Menores explicó que esta obligación quedó incorporada al artículo 240 del Código Penal polaco mediante una reforma que entró en vigor el 13 de julio de 2017.
La disposición contempla penas de hasta tres años de prisión para quienes, teniendo información creíble sobre los delitos contemplados en la norma, no notifiquen oportunamente a las autoridades competentes. La obligación no excluye a las personas que forman parte de instituciones religiosas.
El caso del obispo polaco Andrzej Jeż vuelve a poner bajo la lupa a la Iglesia católica y su actuación frente a los abusos sexuales contra menores; mientras busca apelar la condena, queda claro que ninguna institución religiosa está por encima de la justicia ni debería utilizar su autoridad como protección frente a sus propias omisiones.
