La Unión Internacional de Magistrados (UIM) tomó una decisión drástica durante su asamblea anual al expulsar de sus filas a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB). El organismo internacional, que integra a 92 delegaciones en todo el mundo, argumentó que el apoyo explícito de la cúpula judicial mexicana a la elección popular de jueces y magistrados atenta directamente contra el principio irrenunciable de la independencia de la judicatura.
La resolución se concretó con una abrumadora mayoría de 53 votos a favor de la expulsión, 13 en contra y cuatro abstenciones, dejando sin efecto la representación de la delegación mexicana que encabeza Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX).
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Una “destitución encubierta”: las razones de la UIM para la expulsión
Desde que comenzó a delinearse la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo federal, la cual sustituyó en urnas a la mitad de los juzgadores en activo y contempla reemplazar al resto en 2028, las alarmas de la UIM se encendieron. Para la organización global, romper la carrera judicial para cesar masivamente a los juzgadores en funciones configura una “destitución encubierta” que socava la autonomía de los tribunales.
De acuerdo con declaraciones del juez argentino Marcello Gallo, secretario general del grupo iberoamericano dentro de la UIM, los argumentos presentados por la delegación mexicana para justificar su respaldo al nuevo modelo no resultaron convincentes. La postura del organismo fue contundente: la independencia judicial no admite matices ni concesiones políticas, y el relevo de juzgadores debió aplicarse, en todo caso, a vacantes futuras y no mediante la remoción de quienes ingresaron bajo el sistema de mérito.
El impacto político y la reorganización de la representación mexicana
La salida de la CONATRIB no solo representa un revés histórico al prestigio internacional del proyecto de reestructuración judicial en México, sino que también debilita la posición de su liderazgo frente a foros globales. Además, se suma a los señalamientos previos de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que ya había desaconsejado replicar el esquema de votación popular para cargos judiciales.
Dado que la UIM permite únicamente una delegación por país, la expulsión de la CONATRIB allana el camino para que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) solicite formalmente su incorporación. Con ello, la representación de México ante el máximo foro de magistrados del mundo podría pasar a manos del grupo que aglutina a los jueces de carrera, en medio de un proceso de transición institucional que mantendrá la mirada internacional fija en el sistema de justicia mexicano.
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