Leonardo Curzio: el “buen Juez” olvida sus deudas
La Presidencia ha mostrado preocupación pública por los adeudos de un particular, pero simultáneamente, su gobierno debe a farmacéuticos y distribuidores de medicinas.
El aforismo de que “el buen juez por su casa empieza” debería ser un pilar de la acción gubernamental. Sin embargo, la administración actual cae en una severa incongruencia: mientras la presidenta se enfoca y hasta se involucra personalmente en los adeudos que un particular mantiene con un grupo privado, su propio gobierno acumula deudas escandalosas con proveedores clave.
Esta omisión de la responsabilidad fiscal no solo daña la narrativa de rectitud del gobierno, sino que tiene un impacto directo y grave en la operación de servicios esenciales como la distribución de medicamentos y paraliza la economía regional en estados petroleros. Es urgente que la Presidencia, si busca reforzar su discurso de justicia, empiece por saldar las cuentas que la ley le obliga.
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El gobierno como deudor clave de la salud
Existe una disonancia preocupante en el enfoque de las prioridades del Ejecutivo. Por un lado, la presidenta ha manifestado públicamente su intención de atender e incluso reunirse con personas afectadas por temas pendientes con un grupo empresarial privado. Por el otro, el propio gobierno federal es un deudor que está obstaculizando servicios públicos fundamentales.
Específicamente, se reporta que se debe dinero a las empresas farmacéuticas y a los distribuidores de medicinas, lo cual se ha convertido en una barrera para que la población tenga la certeza y la garantía de que los medicamentos estarán disponibles en el lugar y momento necesarios.
Una deuda cifrada en medio billón de pesos
La deuda más cuantiosa y escandalosa es la de Petróleos Mexicanos (Pemex). La empresa productiva del Estado adeuda a sus proveedores un monto que asciende a $512 mil millones de pesos. Esta cifra millonaria no es un simple rezago administrativo; su magnitud es comparable con el presupuesto anual de la Secretaría de Educación Pública (SEP) o es casi equivalente al importe total anual del Programa de Adultos Mayores.
La falta de pago de este medio billón de pesos a proveedores tiene un impacto económico regional muy fuerte, particularmente en estados como Tamaulipas, Campeche y Tabasco, donde la cadena productiva ligada a la petrolera es vital. La conclusión es que, si el gobierno está realmente preocupado por la estabilidad económica y la justicia, debería centrar su acción en pedir a sus acreedores las líneas de captura y proceder al pago de sus deudas.
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